El gobierno de Cambiemos ante los tratados de libre comercio
El gobierno de Cambiemos que asumió en diciembre de 2015 no sólo generó cambios en la política interior de la Argentina, sino que estableció una nueva agenda de negociaciones comerciales internacionales. En palabras de la Canciller Susana Malcorra, el objetivo es “desideologizar” la política exterior argentina, para que el país pueda establecer líneas de negociación “maduras” con el mundo que “sirvan a los intereses argentinos”. De este modo, el nuevo gobierno se plantea una relación abierta con el mundo, donde no existan “antinomias”, ni blancos y negros: no es necesario elegir entre Estados Unidos y China, cuando se puede tener una relación con ambos. El objetivo final es “volver al mundo”, para mostrar que la Argentina es un país confiable.
La pregunta que subyace a este discurso es: ¿confiable para quién? En primer lugar, confiable para el capital internacional en su forma de inversión extranjera. Una de las principales preocupaciones del gobierno Cambiemos es la atracción de capital extranjero que garantice la entrada de divisas frescas al país. De hecho, Macri prometió la llegada de 20.000 millones de dólares en inversiones extranjeras para el segundo semestre de 2016. No obstante esta promesa, parece no existir aún un plan coherente para dicha atracción de capitales, ya que el gobierno estaría oscilando actualmente en un péndulo de discusiones internas acerca de los modos de atracción de estos capitales, y qué tipo de inversiones deben ser. Por ejemplo, en febrero se creó la Agencia Nacional de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, conformada por Cancillería y el Ministerio de la Producción. Hasta el mes de mayo, esta Agencia no se encuentra operativa, y de hecho existen visiones encontradas en el seno del propio gobierno acerca de su utilidad y objetivos. Además, recién cinco meses después de asumido el gobierno se nombró a una secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, María Cristina Boldorini, quien está a cargo de la “ejecución y promoción de la política comercial en el exterior, (…) las negociaciones internacionales de naturaleza económica y comercial bilateral y multilateral, y (…) las relaciones con los organismos económicos y comerciales internacionales, regionales y subregionales”. Hasta el mes de febrero había sonado el nombre de Horacio Reyser Travers para ocupar ese cargo, quien fuera socio del mayor fondo de inversiones en América Latina, Southern Cross. Finalmente la elección de Boldorini, quien es diplomática de carrera, muestra un sesgo menos empresarial y más negociador de la Cancillería. Efectivamente, observando la amplia agenda planteada por el gobierno, se requerirá de mucha cintura política (y la toma de fuertes compromisos) para llegar a acuerdos. El escenario se plantea en una agenda tripartita de negociación comercial: 1) con la Unión Europea; 2) con los Estados Unidos; 3) con los países de la Alianza del Pacífico con el fin de sumarse al TPP (Trans-Pacific Partnership).
Analicemos estas agendas. Primero, las negociaciones con la Unión Europea comenzaron a fines de los años noventa, es decir que llevan cerca de 20 años. Mientras los países americanos negociaban el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Mercosur intentaba garantizar el acceso a los mercados europeos, especialmente para sus productos agrícolas. El problema que sobrevino, tanto para las negociaciones del ALCA como para el flanco europeo, fue la crisis planteada al interior de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en su Ronda Ministerial de Cancún en 2003. Allí quedó en evidencia que el mundo estaba dividido en dos grandes grupos de acuerdo a una diferente forma de inserción en el capitalismo global, y con ello, en el comercio mundial: el sur productor y exportador de productos agrícolas, y el norte productor de manufacturas y bienes de capital, a la vez que exportador de capitales. El problema que subyacía (y aún subyace) es que la especialización comercial no es del todo “libre” como lo señala la teoría del libre comercio. Los países del norte, para garantizar su gobernabilidad interna, subsidian a sus sectores agrícolas con prácticas que el comercio internacional considera poco leales. Esta realidad marca que aún hoy la negociación Mercosur-Unión Europea no será tan simple, ya que el Mercosur pretende acceso a mercados del norte para su productos agrícolas, lo cual implicaría que los europeos reduzcan sustancialmente los subsidios a sus propios productores agrícolas[1]. El problema, entonces, es político, no meramente comercial.
Asimismo, la llegada a la Argentina del Presidente norteamericano Barack Obama dejó como corolario, además de numerosos acuerdos sobre seguridad y lucha contra el narcotráfico, un Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversión, anunciado en conferencia de prensa. A partir de esto se conformó un grupo de trabajo que evaluará las posibilidades de liberalización del comercio bilateral a mediano plazo. Esto no implica necesariamente que se vaya a firmar un tratado comercial bilateral, pero sí muestra el interés del gobierno Macri de acercarse más al eje Estados Unidos, que hoy comanda las negociaciones del Trans-Pacific Partnership (TPP), acuerdo recientemente firmado (pero aún no ratificado) por Estados Unidos, Chile, Vietnam, Perú, Australia, Canadá, México, Nueva Zelanda, Japón, Brunei, Malasia y Singapur, todos países de la costa Pacífica. La intención de Washington es contrarrestar el peso creciente de China en el comercio global, especialmente la expansión de este gigante al avanzar en el cierre de un acuerdo comercial con los países del sudeste asiático (bloque ASEAN) más India, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur (acuerdo llamado Regional Comprehensive Economic Partnership). El presidente Obama lo manifestó recientemente: este acuerdo megarregional asiático conlleva un peligro para el empleo norteamericano. Por eso, tiene que ser EEUU y no China quien ponga el ritmo al comercio mundial.
En ese contexto, el gobierno de Macri ha sido claro: uno de los principales objetivos estratégicos es la incorporación al TPP. El problema que aparece es que, en este caso, Argentina asumiría una negociación bilateral. Recientemente, el Frente Amplio uruguayo se manifestó en contra de las negociaciones del TPP, al menos como modo de presionar al gobierno de su mismo color político para que no se sume a esa negociación. Entonces, la Argentina estaría sola, al menos por ahora, en las negociaciones con el bloque Pacífico. Pero, ¿qué sucede entonces con la pertenencia de Argentina al bloque del Mercosur? Las nuevas negociaciones comerciales del gobierno conllevarían la flexibilización de las pautas que hoy conforman el Mercosur, permitiendo a los miembros negociar acuerdos por fuera del bloque. Esto implica revisar la resolución 32/00 del Mercosur, que establece que los países miembros deben negociar en conjunto con terceros países o bloques. Tal flexibilización volvería virtualmente imposible la profundización de la integración económica regional vía Mercosur, con lo que el camino del “cortarse solo” haría que caiga sobre la Argentina parte del peso de la detención de la integración regional, que ya lleva un cuarto de siglo.
Asegurar mercados a cambio de compromisos extra-comerciales
El objetivo de la nueva política comercial argentina sería la diversificación de los mercados de exportación. En los últimos años, debido al crecimiento de los precios de las commodities, el mercado chino apareció como el principal comprador de la Argentina, especialmente de porotos de soja. Pero frente a una caída del precio de las commodities, el caudal recaudador del Estado se vio afectado, mostrando la fragilidad de un sistema basado en la exportación centrada en un solo país. Asimismo, la relación de dependencia establecida con China pone a la Argentina frente al desafío del mediano plazo: ¿qué sucedería si (y cuando) China desarrolla(e) su propia producción sojera, o si establece relaciones comerciales más duraderas con otros países competidores de la Argentina?
Efectivamente, la Argentina compite especialmente con otros dos países en la exportación de porotos de soja: Estados Unidos y Brasil. De hecho, la compra por parte de China de este producto se ha acrecentado con respecto a Brasil y ha caído con respecto al producto argentino. Esto refleja otro problema actual en la región latinoamericana: se genera una competencia entre los países por la colocación de sus producciones, principalmente de materias primas y commodities, a los mercados internacionales. Hoy, este es el resultado más visible de la política del libre comercio en la región: la acentuación de la competencia en lugar de la complementariedad[2]. Esto implica una “carrera hacia el fondo” (race-to-the-bottom), donde los países negocian con las potencias compradoras individualmente, de espaldas a sus otrora aliados políticos y económicos. Para lograr acceder a los mercados compradores, los países reducen sus aranceles de importación de bienes de consumo y flexibilizan legislaciones internas, a la vez que firman tratados con los principales compradores con el objetivo de garantizar un acceso preferencial a sus mercados.
La competencia establecida entre países que anteriormente fueran socios fue notoria con la adhesión de Ecuador al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que ya habían firmado Colombia y Perú, todos miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Ecuador, que había tenido fuertes críticas a la política del libre comercio en la época de la negociación del ALCA, aceptó entrar en el acuerdo a cambio de no perder acceso al mercado europeo, especialmente para su producto estrella: el banano[3], que compite en producción con los otros dos países. El 2014, año en que se terminaba su acceso preferencial al mercado europeo establecido en el Sistema General de Preferencias (SGP), fue cuando Ecuador firmó el acuerdo.
Esto muestra el uso político que ciertos países dan a los instrumentos del comercio internacional, incluso los más longevos como el Sistema General de Preferencias (SGP)[4]. Otrora pensado como un modo de asegurar el acceso de los países menos desarrollados a los mercados del norte, actualmente esta institución es utilizada como modo de chantaje por los países mejor ubicados en la estructura comercial global. Nuevamente, el caso de Ecuador nos da un indicio de esta práctica. En el año 2009 Ecuador se retiró del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) y a partir del año 2013 emprendió la revisión de todo el andamiaje de protección de las inversiones extranjeras. Esto generó una rápida respuesta por parte de la Comisión Europea, que amenazó con el retiro de Ecuador del SGP si el país avanzaba en ladenuncia de los tratados de inversión con los países europeos (que ya habían sido usados por empresas europeas para demandar al país en tribunales arbitrales internacionales, como las petroleras Perenco y Burlington). Esta respuesta resultó aleccionadora, ya que logró torcer el brazo a un gobierno díscolo en materia de política de apertura comercial.
Las implicancias de los TLC (o acerca de los derechos de las corporaciones)
Entonces, ¿qué implica en concreto la agenda de liberalización comercial planteada por el gobierno de Macri? En primer lugar, implica que la Argentina entraría en la lógica de los tratados comerciales que poco tienen de comercio, pero sí mucho de negocio empresarial. Los TLC no son meros acuerdos sobre aranceles, ya que incluyen además temáticas tan sensibles como la propiedad intelectual (patentes de medicamentos, semillas, software, etc.), los servicios (donde quedan incluidos salud y educación), las compras públicas, las telecomunicaciones, la agricultura, las inversiones y, como frutilla del postre, las cláusulas que otorgan la posibilidad a los inversores extranjeros de demandar al país en tribunales arbitrales extranjeros como el CIADI. Estos temas son conocidos como “los nuevos temas comerciales”, incluidos en la Ronda Uruguay en los años ochenta, y luego plasmados en las diferentes áreas de negociación de la OMC, siempre con el objetivo de avanzar en la liberalización progresiva.
Hagamos un paréntesis. Aquí hablamos de libre comercio, de liberalización. Pero, ¿qué significado tiene el término “libre” en este contexto? La progresiva libertad comercial es la aceleración de la crisis de la función reguladora de los Estados. Dicha función era parte esencial de los Estados de bienestar en la segunda posguerra, cuando la intervención estatal mantenía altos los aranceles para la importación, lo cual permitió la tendencia al pleno empleo, desarrollando el “compre nacional”, a la vez que la idea de una “burguesía nacional”. Pero parte de esta función fue puesta en crisis en los años sesenta, cuando estalló la insubordinación social, y cayó la tasa de ganancia de los capitalistas. El resultado fue la internacionalización de la economía, junto con la constitución de empresas-red (transnacionales) que relocalizan, a la vez que subcontratan, gran parte de su sistema productivo. De este modo, hablar hoy de liberalización del comercio significa en realidad hacer referencia a los movimientos que hacen las propias empresas a través de las fronteras[5], acrecentando su ganancia al ahorrar en el costo de la mano de obra mediante la relocalización. De este modo, hoy el “libre comercio” es sinónimo de una amplia agenda de acuerdos donde se le otorga todo el poder a las grandes corporaciones que tienen potencial para exportar capital, mientras se reconfiguran las funciones de los Estados.
En segundo lugar, la firma de TLC implica para la Argentina la profundización de las concesiones que el país ya viene otorgando a los inversores extranjeros en el paquete de 58 tratados bilaterales de inversión (TBI) firmados en los años noventa. Estos tratados son considerados por las corporaciones y sus agencias de lobby como la piedra basal para el otorgamiento de la “seguridad jurídica” que exigen para sus capitales. Pero las cláusulas de estos TBI son tan amplias que conllevan la posibilidad de una interpretación parcial e incluso tendenciosa por parte de los tribunales arbitrales que se constituyen para solucionar controversias vinculadas a la inversión (como el CIADI). Esta estructura de protección no fue modificada por los gobiernos kirchneristas, los cuales incluso aprovecharon este andamiaje para mostrar externamente una imagen de país que protege las inversiones extranjeras, en especial en el sector extractivo (petróleo, litio, oro, pulpa de celulosa, etc.)[6]. El gobierno de Cambiemos viene a profundizar esta estructura de protecciones, sin revisar siquiera las consecuencias que estos tratados han tenido. Por empezar, la presentación de más de 35 demandas contra el país en el CIADI por parte de empresas, especialmente europeas, después de la devaluación del peso en 2002. Sin una evaluación real del impacto que hasta ahora ha tenido la protección de las inversiones mediante los TBI (tipo de inversiones que llegaron, si se produjo transferencia de tecnología, qué impacto tuvieron sobre el empleo local, sobre el medioambiente, sobre las comunidades, etc.), la firma de TLC parece ser más bien “un acto de fe” en la benevolencia del mercado antes que una política orientada hacia el bienestar de la población y la protección del medioambiente.
En tercer lugar, los tres escenarios de TLC propuestos implican un cierre temporal de las discusiones sobre alternativas de integración regional. La victoria de Cambiemos en Argentina, y el reposicionamiento de los partidos de derecha en la región, ponen en jaque a los gobiernos “progresistas” y muestran los límites de sus propuestas de cambio-a-medias. Pero el problema más profundo que esta nueva oleada representa es la crisis terminal de un modo de expresión política del ciclo de luchas de fines de los noventa y principios de este siglo, ese que había dado nacimiento a los progresismos latinoamericanos. Esto no significa que hoy “volvamos a los noventa”, sino que se cristaliza la constitución de un escenario aún más crudo: la reconstrucción de los partidos abiertamente de derecha sobre el cadáver del sueño de otra integración posible, sobre las alternativas, aquellas plasmadas, aunque imperfectamente, en el proyecto ALBA y en la idea de un americanismo autónomo.
Asimismo, lo que la nueva agenda de política exterior muestra es que los términos de la discusión han cambiado. La crudeza de la concentración e internacionalización del capital de los últimos cuarenta años muestran que no se puede hoy aspirar a la constitución de nuevos Estados de bienestar que cierren las fronteras en pos del “compre nacional”, ya que la reconfiguración de la relación capital-trabajo del periodo neoliberal, claramente en favor del capital, ha sido profunda en todos los ámbitos sociales, no sólo el económico y político. Queda en las organizaciones sociales y políticas, así como en la academia, pensar las alternativas desde el nuevo contexto de apertura comercial, poniendo en el centro del análisis los peligros que este tipo de relación económica con el mundo pueden significar para la vida humana y el medio ambiente. La discusión entonces no puede reproducir ciegamente viejas fórmulas que tenían que ver con viejos pactos de gobernabilidad (o más crudamente, con la paz de clases). El nuevo contexto, las nuevas agendas, nos proponen la urgencia de pensar no desde la óptica de los Estados, sino desde la crítica de lo existente.
[1] Recientemente, 13 de los 28 países de la Unión Europea se manifestaron en contra de la apertura de la cuota de productos agrícolas para los países del Mercosur. Francia se ha convertido, nuevamente, en el portavoz de lospaysannesen Europa.
[2] Por ejemplo, Chile, Perú, México y Colombia ya han firmado tratados de libre comercio bilaterales con países económicamente diversos como China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea.
[3] En pocos años Ecuador pasó de tener un 33% del mercado europeo del banano, a un 27%. Esto fue debido a las desventajas arancelarias frente a la fruta de otros países como Colombia, Costa Rica y Perú que alcanzaron acuerdos comerciales.
[4] El Sistema General de Preferencias (SGP) nació en los años setenta, cuando la apertura y crecimiento del comercio mundial ya eran un hecho. En ese momento el GATT, precursor de la OMC, permitió que algunos países establecieran este sistema de preferencias que implicaba la exención del principio de Trato de Nación Más Favorecida del sistema multilateral para poder beneficiar especialmente a los países en desarrollo, siempre que ese trato fuera aplicado de modo no discriminatorio frente a terceros.
[5] Por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá, las importaciones de EE.UU. desde México crecieron un 229% entre 1993 y 2001, mientras que las exportaciones del primero hacia el segundo sólo crecieron un 144% en este período. Sin embargo, los números son engañosos. Una gran proporción de las exportaciones norteamericanas a México es de partes y componentes que son embarcados hacia México para su ensamblaje, nunca entran en la economía doméstica mexicana, pero regresan a EE.UU. para ser vendidos como bienes terminados. Estas exportaciones de turistas industrialesrepresentaban en 1999 más de un 60% de todas las exportaciones a México.
[6] Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se presentaron en el Congreso de la Nación al menos cuatro proyectos de ley (desde diversas fuerzas políticas) para el retiro de la Argentina del CIADI y la denuncia de los TBI. Sin embargo, ninguno de estos fue siquiera tratado en comisión.
Infobae entrevistó al experto Robert Moran, el primer perito independiente en ingresar en la mina Veladero. Habló de la guerra por el agua, las pruebas de Barrick Gold y la ley de glaciares
Ecoportal.net
Sólo la conocían empleados y miembros de la Policía Minera de San Juan. La mina Veladero que desde hace más de una década explota Barrick Gold es prácticamente un misterio para la mayoría de la gente. Nadie puede llegar al lugar donde, entre el 12 y 13 de septiembre del año pasado, se derramaron más de un millón de litros de solución cianurada. El hidrogeólogo Robert Moran fue la primera persona sin intereses políticos ni económicos que rompió con esa regla, cuando la semana pasada visitó el yacimiento por orden del juez federal Sebastián Casanello. Lo hizo junto a una traductora y al abogado Diego Seguí, que representa a la asamblea de vecinos Jáchal No Se Toca. Poco antes de que exponga su experiencia ante una comisión del Senado, Infobae lo entrevistó.
Aunque los medios sanjuaninos lo calificaron como el "perito antiminero", Moran tiene una vasta experiencia en más de treinta países y ni siquiera está en contra de la actividad. De hecho, hizo trabajos para varias empresas del sector. Es, sencillamente, una eminencia en el tema. Por eso Barrick Gold tenía miedo de su opinión. Tal es así, que el abogado León Arslanián, defensor del ex CEO de la firma Guillermo Caló –procesado por el derrame–, intentó impedir que el experto suba a Veladero. No pudo.
Durante la entrevista, Moran reconoció avances en las medidas de seguridad luego del derrame, pero confirmó que Veladero viola la ley de glaciares, advirtió que no se sabe cuánta agua usa y derribó los estudios comparativos que usa Barrick Gold para minimizar el impacto ambiental. También explicó cómo hizo la empresa para borrar todo rastro del derrame, subrayó que mucho más grave que el cianuro son los metales pesados y destacó que la información pública y confiable sobre lo que pasa en la mina es prácticamente nula.
- ¿Qué balance hace de su visita?
- Barrick Gold cooperó dejándonos entrar. Al principio fue simplemente un show, pero es lo que normalmente hacen. Hay que entender algo: la persona que me acompañó en la recorrida fue el gerente general, Rick Baker, que llegó a Veladero en la segunda quincena de septiembre, después del derrame, como todos los gerentes actuales. Entonces, quitaron una parte de la historia. Me hicieron una presentación con Powerpoint, el gerente general empezó a describir, pero no sabía las cuestiones técnicas y se las preguntaba a su asistente, que creo que también es nuevo. A eso se suma que no hay datos del derrame ni fotos. Es como si alguien estuviera inventando una historia.
- ¿Qué pudo ver? ¿Pudo evaluar el daño? ¿Le brindaron toda la información que requirió?
- El problema es que el derrame ocurrió hace seis meses y todo ha sido cubierto o reestructurado. Ahora todo se veía perfecto. Y, de hecho, le dije a la compañía más de una vez que esperaba que sean suficientemente inteligentes como para hacer las reparaciones necesarias. El derrame les costó una fortuna y arruinó su reputación, entonces, no tengo duda que hicieron los deberes. Lo que vi estaba bien, pero no se puede ver debajo de la tierra. Y sólo querían hablar de cianuro. Cuando me mostraban el Powerpoint, pedí datos y me los negaron. ¿Tienen la información? Obviamente sí, pero no es pública. Al final conseguí que se la envíen a Casanello, pero no sabemos qué le mandaron.
- Veladero no tenía controles automáticos. Por eso el derrame tardó varias horas en detectarse. ¿Es seguro trabajar en esas condiciones?
- Sí, puede funcionar bien. Pero hay que explicar algo. Este tipo de minas son como grandes propiedades medievales a las que sólo se puede ingresar con permiso. Por ende, la única información que sale es la de ellos. Y mi experiencia es que este tipo de sitios tienen derrames frecuentes. La mayoría son pequeños, y nunca trascienden al público.
- Sí. Y probablemente hubo otros menores también. Pero es una mina bien hecha si se compara con el resto. Todas las minas tienen problemas, y la mayoría son ocultados. En muchos países ni siquiera exigen que publiquen la información y no permiten que la gente se entere de lo que ocurre.
- ¿Podría funcionar Veladero en un país desarrollado?
- Sí, Veladero se parece a una mina de un país desarrollado, pero en Estados Unidos, Canadá o Europa occidental no permiten construir una mina así cerca de una ciudad, sino muy lejos de las poblaciones. Admito que no quiero vivir al lado de una mina y que nunca vi una mina que no contamine.
- ¿Veladero viola la ley de glaciares?
- [Muestra unos mapas] Esto está en el estudio de impacto ambiental. Todo el yacimiento está en un ambiente glaciar y periglaciar.
- ¿Cómo afecta la minería a esos ambientes?
- Es muy peligroso desde el punto de vista hidrológico, porque son ambientes permeables. El agua en la zona proviene de glaciares de montaña. Es la única fuente. Pero casi no hay información sobre lo que ocurre allí. Legalmente Veladero puede usar 110 litros de agua por segundo, pero no se sabe cuánta agua usa realmente, no hay información confiable. Y cuando usan agua a esa altura, mucha cantidad se evapora. Entonces la gente que está debajo tiene menos agua para usar. Esto incrementa la competencia por el agua, crea un ambiente perfecto para una guerra por el agua.
Robert Morán expuso en la comisión de Ambiente del Senado.
Greenpeace
- La prensa sanjuanina especula con que usted va a recomendar el cierre de la mina. ¿Es cierto?
- Yo voy a evitar una definición, porque es un tema políticamente sensible y depende de los ciudadanos. Mi función es decirles lo que está pasando y no les están diciendo.
- En estas condiciones, ¿la ciudadanía tiene posibilidades de saber qué está pasando realmente?
- No lo puedo saber, porque toda la estructura fue cambiada desde esos días. Incluso los investigadores del Gobierno escribieron ese reporte a fines de septiembre. Todo fue reestructurado y cubierto, la compuerta fue reemplazada. Entonces, ¿quién sabe cuánto se derramó? Ellos quieren dinero y el derrame les costó una fortuna, por lo que probablemente deben haber hecho un buen trabajo. Pero vienen operando desde 2005. ¿Donde están los datos públicos del volumen de agua que usaban? ¿Dónde está el balance de agua que toda mina supuestamente debe tener? ¿Dónde está la información anterior del derrame? Yo no pude ver nada de eso.
- Buena parte de la defensa de Barrick Gold está en los estudios de línea de base, que supuestamente se hicieron antes de que exista Veladero y que permitirían compararlos con los análisis posteriores al derrame. Infobae los solicitó en varias ocasiones a la empresa, pero siempre los negó. ¿Usted los pudo ver?
- Esos estudios son pura basura. Estadísticamente hablando, no sirven para nada, no se puede hacer nada con ellos. Me los dio el gerente general y me dijo que están en un anexo del estudio de impacto ambiental. Era una hoja que sólo muestra los elementos químicos y un número mínimo y máximo, pero no hay parámetros, ni en qué años se hicieron los análisis, ni cuál fue la media. No hay nada. Hasta un estudiante de primaria se daría cuenta de que no se puede hacer nada con eso. Entonces, si 10 años después tenés un derrame, no se puede probar que hubo impacto ambiental.
- ¿Por qué cree que Barrick Gold sólo quiere focalizarse en la presencia de cianuro en el agua?
- Porque el derrame estuvo totalmente contaminado con algo mucho más peligroso que el cianuro, que son cientos de compuestos tóxicos. Pero no hay información de ellos. La solución cianurada tiene un pH de entre 10 y 12, porque si bajara, generaría gas cianuro, que es el mismo gas que usaron los nazis. O sea que un pH bajo podría matar a sus empleados. Entonces, lo mantienen alto. El tema es que con ese pH, los metales pesados y altamente tóxicos como uranio, zinc, arsénico, bario, cadmio, cromo o cobalto, caen en la solución. Y no hay datos oficiales de esos metales.
- ¿Hizo análisis del agua?
- No. Pedí si podíamos hacer mediciones de pH, y me dijeron que no.
- ¿Le explicaron qué pasó con los sedimentos contaminados que quedaron en el río Porterillos, que Barrick Gold removió y que nadie sabe dónde están?
- No, no nos contaron qué hicieron, cuál era el volumen, nada. Tampoco a los investigadores que envió el Gobierno. Pero aquí hay algo importante: si tenés este tipo de derrame, como el líquido reacciona químicamente con los sedimentos, entonces probablemente hubo gases tóxicos en el lugar. Pero no sabemos qué pasó con los primeros trabajadores que aparecieron, si tenían máscaras y trajes especiales. No hay fotos ni nada. Obviamente tienen la información, pero no la comparten. Ellos nos contaron su historia.
Por Revista ELONCE, 27 de abril de 2016"Cosecha soja, siembra inundación"La relación del cambio en el uso del suelo con los anegamientos. El incremento de los cultivos agrícolas, principalmente de soja, produce un acercamiento de la napa freática a la superficie, reveló una investigación del INTA.
El monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Una pastura convencional (donde hay ganado) 100 milímetros. Y un campo con soja apenas 30 milímetros por hora. Una investigación del INTA explica que el cambio del uso del suelo es un factor fundamental para explicar por qué las inundaciones son cada vez más continuas y graves. "No estamos de acuerdo en que los excesos hídricos se deban a la falta de obras ni al exceso de lluvias, si no más bien a cuestiones asociadas al proceso de minería que sufre la agricultura y a la agriculturización de las últimas dos décadas principalmente", afirma Nicolás Bertram, investigador del INTA Marcos Juárez (Córdoba). También apunta a las responsabilidades del poder económico del agronegocios.
Misiones sufrió una gran inundación en 2014. A inicios de 2015 fue el turno de Córdoba y Santiago del Estero. El segundo semestre sufrieron el Litoral y Buenos Aires. Este año fue el turno de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Córdoba y noroeste bonaerense. "Fue un tsumani que vino del cielo", había dicho en 2015 el entonces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. En línea similar, responsabilizando a la naturaleza, argumentaron otros mandatarios.Nicolás Bertram, ingeniero agrónomo del INTA Marcos Juárez, estudia desde hace diez años los "excesos hídricos". Su trabajo académico fue titulado "Ascenso de napas en la región pampeana: ¿Incremento de las precipitaciones o cambios en el uso de la tierra?" (firmado junto a Sebastián Chiacchiera). Analizaron las lluvias de los últimos cuarenta años y los cambios en el modelo agropecuario (sojización y expulsión de ganadería), entre otras variables."El incremento sostenido del componente freático que se dio en los últimos 40 años en la región pampeana, y que en la actualidad se acerca demasiado a la superficie, conlleva a un alto riesgo no solo en lo que respecta a producciones agrícologanaderas, sino también en sectores urbanos, pudiendo generar en ambas situaciones de inundaciones", alertaba el trabajo, presentado en el XXV Congreso Nacional del Agua (Conagua 2015) en Paraná. Bertram explica en lenguaje gráfico: "La napa estaba a diez metros de profundidad y hoy está a menos de un metro. Los suelos están saturados, no pueden absorber más. Es como si antes teníamos una maceta grande y echábamos un balde de agua. Ahora la maceta es diez veces más chica pero echamos el mismo balde de agua". La investigación explica que se observaron dos tipos de efectos en el comportamiento de la napa, a corto plazo (asociado a precipitaciones) y largo plazo (relacionados con los cultivos y el consumo que generan). Luego del procesamiento de datos (donde confirmaron que las lluvias se mantuvieron dentro de sus promedios anuales) aseguran: "A partir de datos históricos se puede observar una relación directa entre el incremento de los cultivos agrícolas (de soja principalmente) y el acercamiento de la napa freática a la superficie".El trabajo señala que buena parte de la región pampeana la napa freática se encuentra a un metro de profundidad (o menos) y recuerda que diez millones de hectárea pasaron de la actividad ganadera o mixta a la puramente agrícola, con preponderancia de la soja. "Millones de hectáreas de pasturas y pastizales que consumían agua durante los doce meses del año fueron cambiadas por cultivos anuales que, en el mejor de los casos lo hacen durante un tercio o la mitad de ese tiempo, pasando de consumir anualmente 1500-2000 milímetros a 500-800 milímetros", precisa el trabajo como explicación del ascenso de la napa casi a la superficie. El trabajo estuvo focalizado en Marcos Juárez, zona de la Pampa Húmeda y núcleo sojero. Bertram asegura que la investigación es extrapolable a toda esa región e incluso a zonas extrapampeanas, como San Luis (donde se generaron nuevos ríos), Santiago del Estero, y regiones del norte de Santa Fe y Buenos Aires (zonas que fueron monitoreadas con freatímetros).Sobre la actual inundación, que afecta a 40 mil personas (11 mil evacuados), el investigador del INTA señala que "llovió por encima de la media, pero de ninguna manera eso explica la magnitud del desastre; la clave está en el ascenso de la napa y que arrasaron el monte que retenía agua". Bertram cuestiona la propuesta de políticos y empresarios. "Ninguna obra va a solucionar las inundaciones", afirma. Y llama la atención sobre los "responsables" de los anegamientos. "Muchos medios de comunicación cuestionan siempre a los políticos y en parte no está mal, pero esos medios nunca vinculan la inundación con el poder económico del modelo agropecuario, desde los Grobocopatel a Monsanto, Bayer, Cargill, Dow y una lista larga. Quizá porque esas empresas son los anunciantes de esos medios". La investigación también cuestiona el modelo. "Pese a este escenario, se continúa en una carrera por lograr mayores y más estables rendimientos de los cultivos agrícolas, en la supuesta búsqueda de alimentar a un mundo que sigue padeciendo hambre, en donde muchas veces no existe el tiempo para pensar para quién y qué se está produciendo", afirma el trabajo del INTA. La investigación concluye que "si no se modifican las rotaciones o el uso de la tierra, no sólo se seguirá incrementando el nivel freático, sino también la superficie, con un alto riesgo de anegamiento". Afirma que se pueden encontrar soluciones (incorporación de pasturas, otros cultivos, mejor manejo de agua), pero debe primar una "mirada amplia", interdisciplinaria, donde además de los sectores productivos se tenga en cuenta los aspectos ambientales y sociales. Fuente: (Pagina12).Publicado por Revista ELONCE, 27 de abril de 2016
La agricultura familiar representa una fracción relevante de la fuerza productiva agrícola del país. Los desafíos para este sector son diversos y abarcan no solo dimensiones tecnológicas y económicas sino también sociales, ambientales y jurídicas.
El concepto de agricultura familiar se vincula con la producción de alimentos. Aunque la distinción no es taxativa, se asocia a la producción capitalista con la producción decommoditiesde mayor rentabilidad y a la agricultura familiar con la producción de alimentos básicos, de mayor diversidad. Si bien esta afirmación reconoce importantes diferencias, particularmente ciertas para el caso argentino, la FAO destaca a la agricultura familiar como proveedora de alimentos y con un papel importante en las estrategias de seguridad (y soberanía) alimentaria.
La conceptualización de la agricultura familiar reconoce aspectos culturales, sociales, políticos y agronómicos, y este artículo procurará caracterizar brevemente a los últimos. Es entonces importante rescatar que, aunque se trata de unidades de pequeña escala y algunas familias pueden ser sujetos de políticas sociales, producen bienes agropecuarios y, como tales, son productoras. Así, generan necesidades de investigación agronómica, desarrollo de tecnología y extensión, constituyendo un verdadero desafío para el sistema científico que aún está lejos de ser resuelto.
La generación de tecnología suele tener más incentivos cuando no existen limitaciones de escala ni de capital. Las tecnologías agronómicas de costo cero o intangibles, porque no están corporizadas en un bien comercializable, poseen menos incentivos económicos para quienes las generan, pero tendrán mayor importancia para la agricultura familiar. Su desarrollo requiere, en primer lugar, conocer al sujeto social al que se destinan. En ese sentido, caracterizar la agricultura familiar es el primer paso.
Un concepto, muchas interpretaciones
Aunque las ciencias sociales siempre han tomado en cuenta la heterogeneidad social como problema teórico relevante, para la agronomía su consideración es relativamente reciente. La investigación y la extensión solían organizarse según rubros productivos (maíz, ganadería, etcétera) y solo hace pocos años los estudios se enfocaron en los sistemas de producción. Estudios sobre ‘el sector agropecuario’ como un todo comenzaron a perder vigencia en la medida en que el reconocimiento de esa heterogeneidad y el nivel de detalle aumentaron, pasando de la identificación de unidades productivas heterogéneas hasta la diferenciación de los sujetos sociales que las conducen: capitalistas o campesinos, jóvenes o adultos, varones o mujeres. Así se acentuaron los enfoques de clase, género y etarios para interpretar las estrategias de producción que las unidades productivas desarrollan. Cualquier planteo social, agronómico o ambiental que pretenda cierto nivel de transformación de la realidad debería tener en cuenta esta heterogeneidad.
El concepto de agricultura familiar permite caracterizar la heterogeneidad social agraria. Aunque existía larga experiencia en estudios sobre pequeños productores, el término se instaló en la Argentina durante 2003 a raíz de la solicitud de organizaciones de productores familiares del Mercosur para que la cumbre de presidentes propusiera políticas diferenciadas. Sin embargo, como todo concepto, su construcción no está exenta de discusiones. Tanto desde la vertiente agronómica como desde la socioeconómica y política existen diferencias en torno a qué tipo de productores se incluyen.
Aunque el eje del concepto está puesto en la participación de la mano de obra familiar, suelen incluirse tanto unidades basadas pura y exclusivamente en el trabajo de los miembros de la familia como aquellas en las que el trabajo familiar resulta predominante, pero no exclusivo. También puede incluir a productores con cierto nivel de capitalización como a aquellos más cercanos a estrategias de subsistencia y venta de excedentes, de perfil campesino. De todas formas, lo relevante es que al estar imbricadas las relaciones familiares y los procesos productivos, el funcionamiento de los sistemas tiene características singulares. Por ejemplo, las decisiones agronómicas están permeadas por las decisiones domésticas porque la unidad productiva y la doméstica se yuxtaponen. En consecuencia, las etapas del ciclo de vida familiar afectarán la organización de los sistemas productivos que dependen de la mano de obra familiar, ya que la superficie o la cantidad de animales que pueden manejarse estarán limitadas por la fuerza de trabajo disponible en cada momento particular.
Otras discusiones se dan en torno al objetivo que orienta el proceso productivo o ‘racionalidad económica’. Mientras que la economía ortodoxa plantea que para todo agente económico ese objetivo es la maximización de ganancias, para la economía familiar de tipo campesino muchos autores sugieren que existiría otra racionalidad que no es la típicamente capitalista. Esta línea de pensamiento plantea que la unidad campesina busca la satisfacción de las necesidades familiares, la subsistencia y no la ganancia, el balance entre el consumo familiar y la explotación de la fuerza de trabajo. Si bien el productor familiar resume en una sola figura al propietario del capital, la tierra y el trabajo, no siempre recibiría como compensación la suma de la ganancia, la renta y el salario respectivamente. Por diversos motivos, la renta y la ganancia podrían transferirse a la sociedad y el ingreso percibido asimilarse a la compensación por el trabajo. Una empresa capitalista habría desaparecido como tal en esas condiciones, puesto que no maximiza ganancias. La unidad familiar campesina, en cambio, seguiría funcionando.
Más allá de las diferentes posiciones académicas, es importante destacar que existe una conceptualización oficial de la agricultura familiar que tiene implicancias políticas porque establece concretamente los límites para la inclusión de los productores que podrían beneficiarse de políticas diferenciadas. En la Argentina, la Subsecretaría de Agricultura Familiar estableció, en consonancia con la propuesta de la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar, un límite superior de hasta dos trabajadores permanentes contratados en la unidad productiva. Esta categorización generó ciertas controversias porque podría incluir casos que no requerirían esfuerzos especiales por parte del Estado. De todas formas, lo relevante de esta definición, con relación al tipo de productor que se incluye, es que se basa en la predominancia del trabajo familiar y no en su exclusividad.
Existen, además, diferentes interpretaciones sobre la evolución de la agricultura familiar. Algunos análisis sostienen que tiende históricamente a desaparecer, si bien otros plantean que se mantendrá. En el primer caso se alude a los procesos de concentración del capital, la tierra y la producción que terminarán absorbiendo las diferentes formas de agricultura familiar. Mientras que campesinos y pequeños productores familiares pasarían a ser asalariados rurales o urbanos, algunas unidades podrían capitalizarse y aumentar de escala, y así perder su rasgo familiar. Los procesos de globalización, modernización y urbanización abonan esta idea. En el segundo caso se propone que la agricultura familiar resiste los embates de los procesos de concentración y globalización gracias a su modo de funcionamiento flexible derivado de su racionalidad económica. Esto le permitiría sostenerse aun sin ganancias pero diversificando las estrategias de obtención de ingresos mediante empleos transitorios, planes sociales, remesas de dinero de miembros migrantes, elaboración y venta de artesanías, etcétera.
Estas discusiones tienen consecuencias en los efectos ambientales esperados y también en decisiones políticas. Por eso, y porque los datos pueden abonar tanto una como otra posición según diferencias regionales, sistemas productivos y perfil de productores considerado, esas discusiones no siempre están saldadas. El viejo debate entre ‘campesinistas’ y ‘descampesinistas’ está enriquecido por el análisis de las estrategias desarrolladas por la agricultura familiar frente a los cambios de contexto nacional e internacional, su reacomodamiento a las condiciones de cada momento histórico particular, y las diferencias locales y territoriales que pueden fortalecer tanto su permanencia como su descomposición.
¿Cuántas son y qué producen las unidades de la agricultura familiar?
Responder a esta pregunta nos remite a otro problema teórico. Seleccionar las variables que permiten cuantificar la agricultura familiar con los datos disponibles no resulta sencillo. Además, algunas definiciones incluyen aspectos culturales difícilmente cuantificables. La Subsecretaría de Agricultura Familiar inició un registro que aún se está ejecutando. Sin embargo, al no seguir un tratamiento estadístico, los datos no son comparables entre sí porque no están registrados en un mismo año base, sino en diferentes años desde que se inicia el proceso. En consecuencia, los datos de los censos agropecuarios son, hasta el momento, la mejor herramienta para determinar el peso total de la agricultura familiar en nuestro país. El estudio más exhaustivo existente utiliza datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002 (último disponible hasta la fecha) e identifica que, del total de unidades productivas, el 66% (218.868) son explotaciones de pequeños productores familiares y ocupan el 13% de la superficie agropecuaria del país (23.196.642ha). Para llegar a estos datos se toma en cuenta explotaciones en las que: (a) el productor o socio trabaja directamente en la explotación, aportando su fuerza de trabajo; (b) en la explotación no se emplean trabajadores no familiares remunerados permanentes, y (c) la unidad no posee las formas jurídicas de sociedad anónima o sociedad en comandita por acciones.
Figura 1. Contribución relativa de los establecimientos familiares de la Argentina al total (en cantidad de establecimientos y en la superficie ocupada). En el panel de la izquierda, las porciones superiores de ambas barras muestran el aporte de los establecimientos con hasta dos empleados permanentes y la inferior a los pequeños productores familiares. La suma de ambas categorías conforma la definición oficial. El panel de la derecha muestra la distribución según tipos de productor. Elaborado con datos de Obstchatko et al. 2007 y Obstchatko 2009.
Si se considera la definición oficial de la agricultura familiar, se suma a la estimación previa 34.248 establecimientos más y 7.401.435ha correspondientes a aquellas unidades que cumplen con las condiciones (a) y (c) anteriores, pero contratan hasta dos empleados permanentes. Al incluir a estas unidades se eleva el peso de la agricultura familiar al 75% de los establecimientos y el 18% de la superficie agropecuaria. A su vez, se diferencian tres estratos dentro de los pequeños productores familiares: el tipo 1 es el más capitalizado y el tipo 3 el más cercano a productores de perfil campesino. El tipo 2 corresponde a situaciones intermedias (figura 1).
La agricultura familiar resulta importante por su peso numérico pero no respecto de la superficie agropecuaria. Sin embargo, la importancia relativa es diferente para diferentes provincias (figura 2). Es particularmente alta en el noroeste y en el noreste. Considerando la definición oficial, las provincias que poseen una proporción de unidades productivas familiares superior al promedio nacional (75%) son Catamarca, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Figura 2. Contribución relativa de las explotaciones familiares en el total de explotaciones (columna verde) y en la superficie agropecuaria (columna violeta). La porción superior de ambas barras indica el aporte de las unidades con dos empleados. En todos los casos se emplea la misma escala para facilitar la comparación entre provincias. Elaborado con datos de Obstchatko et al. 2007 y Obstchatko 2009.
A su vez, también existen importantes diferencias entre departamentos en numerosas provincias (figura 3). En determinadas regiones del país se detectan departamentos (o partidos) en los que la proporción de unidades productivas de la pequeña agricultura familiar es superior al promedio nacional (66%).
La distribución según tipos también brinda información sobre las diferencias en la estructura de la agricultura familiar. Si comparamos, por ejemplo, Buenos Aires con Jujuy (provincia con el mayor peso de la agricultura familiar), podemos comprender que en Buenos Aires predomina un tipo capitalizado mientras que Jujuy representa el caso contrario (figura 4).
Figura 3. Departamentos provinciales con una contribución relativa de explotaciones de pequeños productores familiares superior a la media nacional (66%). Elaborado con datos de Obstchatko et al. 2007.
Figura 4. Contribución relativa de cada tipo de establecimiento familiar de la Argentina al total (en cantidad de establecimientos y en superficie) según tipos en dos provincias. 2 tp = unidades con hasta 2 empleados permanentes. Elaborado con datos de Obstchatko et al. 2007 y Obstchatko 2009.
La participación en la producción agropecuaria según grandes grupos de actividades muestra que la contribución a la superficie con producción comercial de semillas (especies vegetales destinadas a la obtención de semillas comerciales para su propagación) es muy pequeña (figura 5). En cambio, representa el 70% de la superficie de cultivos industriales de segunda ocupación (cultivos que requieren algún procesamiento industrial, como yerba mate, algodón, etc., y que ocupan el suelo en la segunda mitad del año agrícola). En las producciones animales, la participación es alta en la ganadería menor, pero baja en la ganadería bovina para carne (figura 6).
El valor bruto de la producción, la suma del valor monetario de todos los bienes producidos, permite conocer el aporte de cada tipo de productor a la producción total. Este valor no refleja el ingreso obtenido por las ventas ya que algunos productos, como el forraje para alimento animal, son bienes que si bien se producen y tienen valor, se consumen dentro del establecimiento. Las mayores diferencias en el valor generado se observan en los promedios por tipo de establecimiento, ya que las unidades no familiares son menos y más grandes, en cambio en los registros por unidad de superficie los datos adquieren otra dimensión, rescatando la importancia productiva de la agricultura familiar (figura 7).
Figura 5. Contribución relativa de la agricultura familiar en la superficie sembrada según grandes grupos de cultivos. La porción superior de cada barra representa el aporte de las unidades con hasta dos trabajadores permanentes. Elaborado con datos de Obstchatko et al. 2007 y Obstchako 2009.
Problemática
Estudios de caso para áreas seleccionadas muestran que en la región pampeana, además de la venta o el achicamiento de las unidades familiares, como consecuencia del endeudamiento de los 90 se produjo una disminución de la cantidad de establecimientos por el retiro de la producción directa familiar, pasando muchos productores familiares a convertirse en pequeños rentistas. En cambio, en provincias no pampeanas se observa un mantenimiento de la agricultura familiar, aunque acosada por problemas de comercialización, ambientales y jurídicos sobre la tierra.
Figura 6. Contribución relativa de la agricultura familiar a las existencias animales. La porción superior de cada barra representa el aporte de las unidades con hasta dos trabajadores permanentes. Elaborado con datos de Obstchatko et al. 2007 y Obstchatko 2009.
No resulta fácil resumir la problemática de la agricultura familiar en la Argentina, pero en orden de importancia los diversos problemas asociados a la tenencia de la tierra en áreas extrapampeanas son los que ocupan el primer lugar, porque la tierra sustenta la condición de productores de las familias. Un relevamiento de conflictos de tierra en los que participa la agricultura familiar dio cuenta de cerca de mil situaciones conflictivas en todo el país, sumando una superficie total de más de de 9 millones de hectáreas y afectando a más de sesenta mil familias. Casi la mitad corresponde a casos ocurridos durante la última década, en coincidencia con el avance de la frontera agropecuaria. Aunque la legislación argentina establece la prescripción adquisitiva de dominio (usucapión o prescripción veinteañal) que protege los derechos de los poseedores que ocuparon la tierra por veinte años o más, no siempre resulta fácil (ni barato) demostrar tal condición frente a nuevos inversores.
Figura 7. Valor bruto de la producción anual por establecimiento agropecuario y por unidad de superficie (ha) generado por los distintos tipos de agricultura familiar y por establecimientos no familiares. Valores en pesos de 2004. Elaborado con datos de Obstchatko et al. 2007 y Obstchatko 2009.
Otro problema relevante es la comercialización de los productos. El recorrido que media entre la producción diversificada y la mesa del consumidor es largo y no siempre se logra cubrir el costo que ese recorrido significa. Una alternativa han sido las ferias francas, pero su generalización requiere todavía de apoyo y promoción para que constituyan una alternativa viable.
Sin ánimo de terminar, es importante señalar la necesidad de desarrollar tecnología apropiada, basada en estudios básicos y aplicados, que involucren desde el manejo de los recursos hasta las estrategias de comercialización. Sin duda, la ciencia tiene un papel fundamental para que la agricultura familiar cumpla con el rol en la producción de alimentos, que la FAO quiere mostrar al mundo en este año particular.
Lecturas Sugeridas
BORRAS SM Jr, 2009, ‘Agrarian change and peasant studies: Changes, continuities and challenges, an introduction’, The Journal of Peasant Studies, 36 (1), Special Issue: Critical perspectives in agrarian change and peasant studies (5: 31).
CÁCERES D, 1995, ‘Pequeños productores e innovación tecnológica: un abordaje metodológico’, AgroSur, 23: 127-139.
GIGENA A, BIDASECA K (dirs.), GÓMEZ F, WEINSTOCK AM, OYHARZÁBAL E y OTAL D, 2013, Relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares en la Argentina, MAGYP, Buenos Aires.
MCMICHAEL P, 2006, ‘Peasant Prospects in the Neoliberal Age’, New Political Economy, 1: 407-418.
OBSCHATKO E, 2009, Las explotaciones agropecuarias familiares en la República Argentina. Un análisis a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, MAGYP-IICA, Buenos Aires.
OBSCHATKO E, FOTI MDP y ROMÁN ME, 2007, Los pequeños productores en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002, PROINDER, Serie Estudios e Investigaciones.
AN DER PLOEG JD, 2013, ‘Peasantdriven agricultural growth and food sovereignty. Conference paper for discussion at: Food Sovereignty: A Critical Dialogue’, International Conference, 14-15 de septiembre.
Se
podía anticipar que, uno de los temas centrales en marco de la agenda
internacional para nuestro país durante el año 2012, iba ser la continuidad del
reclamo en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Las noticias de las últimas semanas no hacen más
que confirmar este pronóstico. Igualmente, a fines de Junio del 2011, nuestro
país había renovado el reclamo formal de soberanía sobre las islas en la
reunión sobre Descolonización que se realizó en la Organización de Naciones
Unidas (ONU). Esto fue luego de las declaraciones del Primer Ministro
británico, David Cameron, ante el Parlamento londinense, en el cual manifestaba
que: “Mientras las islas Falklands quieran ser territorio soberano británico
deben seguir siendo territorio soberano británico. Punto. Final de la
historia”.
Los argumentos argentinos
Desde
la Argentina se plantearon ante la ONU seis argumentos claves para reclamar la
soberanía que fueron presentado por el Estado Argentino:
-1) por la
continuidad geológica, ya que las islas se encuentran en la misma placa
continental que Argentina;
-2) por la contigüidad
geográfica, porque Argentina es el Estado soberano más próximo a las islas;
-3) por la herencia
colonial o el principio del derecho internacional denominado “Uti
possidetis iure” –“como poseías (de acuerdo al derecho), poseerás”, en virtud
de que las islas, al momento de producirse el proceso de independencia, se
encontraban bajo domino español, en jurisdicción del Virreinato del Río de la
Plata;
-4) por continuidad
en la ocupación, ya que salvo en breves lapsos, tanto durante el período
colonial como luego de la independencia, las islas estuvieron ocupadas por
representantes del gobierno español de las Provincias Unidas, respectivamente;
-5) por ocupación
efectiva al momento de la usurpación. Cuando en 1833 se produce la
usurpación por parte de los británicos de las Islas Malvinas, se encontraba una
delegación del gobierno de Buenos Aires, encabezada por José María Vernet,
siendo obligados a abandonar las islas por la fuerza.
-6) por
continuidad en los reclamos. Desde el mismo momento de la usurpación y
hasta la actualidad, los sucesivos gobiernos han reclamado la restitución de
las islas, tanto ante el Reino Unido de Gran Bretaña como ante los organismos
internacionales.
Desde
la posición británica, han optado por sostener el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas,
invocando la resolución 1514 de las Naciones Unidas, que acordó a los pueblos
coloniales el derecho de independizarse de los Estados colonialistas. Pero no
es el caso de las Islas Malvinas, debido a que Gran Bretaña procedió a expulsar
a los argentinos que residían en las islas, reemplazándolos por súbditos de la
corona que pasaron a ser kelpers y luego ciudadanos británicos. A su vez, la
Resolución 2065 (XX) para el caso de las Islas Malvinas reconoce que existe una
cuestión colonial particular por lo cual el principio de “autodeterminación de
los pueblos” resulta inaplicable, justamente por lo que se marcaba antes. Desde
entonces Naciones Unidas ha emitido 38 resoluciones en la misma dirección.
¿Por qué
Gran Bretaña se niega a sentarse a dialogar con nuestro país?
Esta acción se debe a la exploración y
explotación de recursos naturales renovables y no renovables, los cuales
contradicen el mandato de introducir innovaciones unilaterales mientras
persista el conflicto. De esta forma, aparecen los verdaderos intereses estratégicos
y económicos en la zona.
Hoy se ha internacionalizado la disputa
Hoy se puede percibir el apoyo de bloques regionales
como Mercosur, UNASUR y ALBA a favor de Argentina y la CARICOM apoyando a Gran
Bretaña, además de la tímida intervención de la OEA. El caso concreto de esta
internacionalización fue la resolución firmada por los países miembros del
Mercosur, que impide a los barcos con bandera de las Islas Malvinas atracar en
los puertos. Justamente el lunes 27 de Febrero dos cruceros británicos, que
anteriormente habían atracado en las Islas Malvinas, quisieron hacer lo mismo
es Ushuaia y le fue negado por el gobierno argentino.
Además hay que tener en cuenta una serie de
denuncias que fueron realizadas por el canciller argentino Héctor Timerman en
2012 ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) por la “militarización” del Atlántico Sur por parte de
Gran Bretaña. Al arribo del moderno buque de guerra HMS Dauntless a las islas Malvinas
y de la posible presencia del submarino nuclear Vanguard en sus aguas
circundantes, hay que sumarle la presencia del príncipe William, heredero
directo del trono, para realizar ejercicios militares. Por el momento las
negociaciones se vienen realizando en términos diplomáticos, primando la razón
por sobre la pasión. Y en estos carriles debe permanecer la discusión, ya que
la Argentina tiene argumentos jurídicos e históricos sólidos, en marco de un
debate complejo.
Fuente: Saba José
(2016) “Controversia en torno a la soberanía de las Islas Malvinas”. Diario El
Puntal, suplemento Económico, Gobierno y Sociedad, 02 de abril de 2016, Río Cuarto.
