Según La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) diez corporaciones transnacionales controlan el 80% del mercado mundial de alimentos en un planeta con mil millones de habitantes que padecen hambre. Parece que la alimentación es asunto importante como para
dejarlo librado a empresas privadas.
De esta liga, seis de sus miembros (Archer Daniels
Midland, Bunge, Dreyfus, Cargill, Nidera y Toepfer) manejan el
82% de las exportaciones de Soja en Argentina. Estas firmas a su
vez oligopolizan el 60% de todas las exportaciones agropecuarias argentinas. La Junta Nacional de Granos (JNG) tenía entre sus funciones controlar a las instituciones que intervengan en el comercio de granos, fijar los precios mínimos y los de
exportación, como también ejercer el comercio exterior de los granos en la oportunidad que el Poder Ejecutivo disponga. Estas potestades en cabeza del Estado son imprescindibles en una economía donde los grupos concentrados pueden vía oligopolio fijar el precio que les convenga y expoliar al pequeño y mediano productor agropecuario.
No es la única razón que justifica internacionalmente (por sus ventajas comparativas
naturales) que convive con un sector industrial de insuficiente desarrollo. De allí que la industria
requiera para su crecimiento de equipos que deben importarse. Estas importaciones se financian
con las divisas que produce el sector agropecuario con sus exportaciones. ¿Y por que un
sector debería financiar al otro? Simplemente porque es el sector industrial el que genera más
tecnología y puestos de trabajo. El agro por si solo no puede absorber las necesidades de
empleo de una población económicamente activa de 20 millones de personas como la de Argentina. Las naciones avanzadas y con mejor nivel de vida son industriales, no agropecuarias.
En estos días se debate la necesidad de evitar un deterioro en el poder de compra de la moneda nacional por el aumento de precios (especialmente de los alimentos que es lo que más afecta a la población) y el
incremento en la cotización del dólar. En las dos aristas mencionadas, la JNG de granos sería una herramienta más del Estado para operar sobre estas variables a favor de la ciudadanía. Cuando interviene en el comercio exterior de granos estableciendo precios de referencia, la JNG no solo evita la expoliación del
productor no capitalizado que no tiene capacidad de retener el grano especulativamente, sino 2
que también desconecta los procesos de aumento de precios externo de los alimentos evitando
que impacten en el mercado doméstico. Función que hoy cumplen las retenciones.
Por otro lado, y siendo las exportaciones agropecuarias una vital fuente de
divisas para la economía argentina, la JNG al ejercer el comercio exterior evita las
maniobras especulativas de inmovilización de granos que perjudican la entrada de dólares
necesarios para apuntalar a la industria.
Pero el decreto 2294 del año 91 (obra maestra del neoliberalismo liquidador del Estado) eliminó la JNG. Podríamos pensar entonces que las potestades que ella ejercía desaparecieron. No. No
desaparecieron. Simplemente pasaron de mano, y ahora las ejercen de facto ese cartel de media docena de transnacionales que mencionamos arriba. Imponiendo su situación dominante en el mercado, Cargill,
Dreyfus y Cia fijan precio y manejan la entrada de divisas del rubro agropecuario. Dicho en
otras palabras, el poder que antes tenía el Estado para intervenir con el fin de proteger el
bienestar general, lo tienen ahora empresas extranjeras para proteger su afán de lucro. Aunque este esté reñido con el interés nacional.
Pensamos en la dirigencia de la mesa de enlace, misma que execra una vuelta de la JNG y que
nada dice respecto al cartel transnacional que le maneja las exportaciones agropecuarias. Nos
viene a la mente el concepto de Aldo Ferrer de densidad nacional: esta requería de lideres que
identifiquen claramente cual era el interés de su país frente a las intromisiones externas que frenan
el desarrollo y aceleran la dependencia. Solo la ausencia de estos líderes explica la miopía de
no ver que ya hay Junta Nacional de Granos. Pero privatizada y transnacionalizada.
Javier Ortega
Docente UBA.
Doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno.
Fuente: Realidad Económica, febrero de 2014
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