lunes, 30 de septiembre de 2013

El fantasma de la restricción externa

La Argentina afronta dos desafíos relacionados: evitar que se repita un estrangulamiento externo que pudiese restringir o revertir el crecimiento de la economía y desarrollar la competitividad de la mayoría de los sectores industriales.


Producción: Javier Lewkowicz

Fortalecer la industria

Por Martín Schorr *
La Argentina afronta dos desafíos relacionados: evitar que se repita un estrangulamiento externo que pudiese restringir o revertir el crecimiento de la economía y desarrollar la competitividad de la mayoría de los sectores industriales (sobre todo los no vinculados con el procesamiento de materias primas y ciertas ramas con promociones ad hoc). Ambas cuestiones aluden al crecimiento económico, la inserción del país en el mercado mundial y la problemática del desarrollo nacional. En la posconvertibilidad, la restricción externa fue desplazada por una inicial y abrupta caída de las importaciones y por una posterior y significativa expansión de las exportaciones favorecida, en gran medida, por un tipo de cambio “competitivo” (hasta 2007/08) y el alza en los precios internacionales de commodities. Pero ante lo acotado del proceso sustitutivo por los sesgos de la intervención estatal en la materia, la reaparición del déficit comercial en el intercambio de manufacturas, así como el achicamiento del superávit en cuenta corriente en los últimos años, son señales de alerta ante la posible reaparición del viejo problema endémico. En el problemático año 2012, el déficit comercial industrial orilló los 4000 millones de dólares y el excedente de cuenta corriente fue de apenas 100 millones.
Hasta ahora, el Gobierno buscó evitar un cuello de botella en el sector externo con un enfoque macroeconómico restringido al equilibrio del balance de pagos y sin mayores preocupaciones por cuestiones estructurales asociadas a un desarrollo de mediano y largo plazo. En esa línea se inscriben los diversos controles a las importaciones, las restricciones cambiarias y los acuerdos con varias grandes empresas para compensar los intercambios comerciales y con diversas transnacionales para morigerar el considerable drenaje de divisas por la remisión de utilidades.
Si bien estas medidas permiten aliviar la situación externa en lo inmediato, enfocar la cuestión sólo desde el punto de vista de la oferta y demanda de divisas puede conducir a desaprovechar una oportunidad estratégica para fomentar la producción, sustitución y/o exportación en actividades de alto valor agregado que tengan efectos positivos en la generación de empleo e ingresos y permitan una superación de las restricciones al crecimiento y al desarrollo de manera sustentable. De allí la necesidad de articular la política macroeconómica con una activa política industrial (hoy ausente).
En la economía argentina se suele manifestar una correlación inversa entre el valor agregado generado localmente y el nivel de complejidad tecnológica: usualmente se da una relación negativa entre los encadenamientos productivos que genera la fabricación de un bien “hacia atrás” y el contenido tecnológico incorporado en el producto. Como sucede en el régimen fueguino y en el automotor, las ramas que producen (ensamblan) los bienes tecnológicamente más sofisticados suelen ser las menos integradas localmente (en 2012 el 30 por ciento de las importaciones industriales fue realizado por esos dos sectores). Por el contrario, es en la producción de bienes de bajo contenido tecnológico donde se suelen verificar mayores encadenamientos productivos.
Es importante tener en cuenta este problema, ya que no basta con adoptar un enfoque que busque sustituir y/o exportar bienes con alto contenido tecnológico a cualquier costo, pues puede darse el caso que se fomente la producción local de bienes finales cuyo impacto en términos de valor agregado y empleo sea mucho menor que el de aquellos con un menor contenido tecnológico. Esto no supone que la política industrial deba limitarse a profundizar las ventajas comparativas estáticas que posee el país, sino que es central que la producción de bienes finales de mayor contenido tecnológico vaya acompañada de políticas que apunten, en una segunda etapa, a producir localmente los componentes más importantes de los mismos y, en una tercera fase, a producir algunas de las maquinarias usadas para la fabricación de dichos productos.
El cumplimiento de estas tres fases sería un gran avance en términos de densidad industrial y generación de valor agregado, pero para lograr un desarrollo pleno aún restaría que la producción de los bienes finales y de maquinarias sea crecientemente el resultado de investigaciones y desarrollos locales y no la mera importación de paquetes tecnológicos cerrados.
En la compleja coyuntura actual, todo ello parece una tarea “quijotesca”. Pero sería importante no perder de vista que en muchos rubros fabriles existe una masa crítica para nada despreciable. El conocimiento exhaustivo de la realidad de esos sectores constituye una condición sine qua non para avanzar en el diseño de esquemas específicos de fomento. Estos deberían ser del tipo “llave en mano” en función de las características de las industrias a promover, los diferentes segmentos que las conforman, los distintos actores intervinientes y las perspectivas del escenario regional e internacional en diversas dimensiones (pautas de la demanda, tecno-productivas, comerciales, etcétera).
* Investigador de Flacso.

Aprovechar el potencial

Por Carolina Pontelli *
Pensar en crecimiento industrial remite generalmente a una mayor producción de autos, acero, tornillos y líneas de montaje. Pero la industria, y por tanto su dinámica, no puede ser pensada como un sector en sí mismo, sino como parte de una red que necesita de otros sectores para expandirse. Así como un puente o un canal de riego no significa mayor desarrollo, tampoco la industria mirada de forma aislada. El debate en torno de ésta pareciera ser entonces un árbol en el gran bosque denominado desarrollo.
La evolución de la industria nacional y su relevancia económica han sido un tema recurrente en los últimos años. Sustentado en gran medida en la escuela cepalina, se considera que la expansión de la industria local puede resolver limitantes estructurales al desarrollo de economías como la nuestra. Pero el desarrollo industrial carece de relevancia si no es pensado como un instrumento generador y catalizador de mayor riqueza, empleo, innovación y complejidad dentro de la matriz productiva.
La industria y el sector agropecuario fueron considerados tradicionalmente casi antagónicos. La expansión de uno se encontraba en detrimento del otro, ignorando el rol del agro en muchas actividades industriales. Independiente de consideraciones, aprovechando evidentes ventajas comparativas, una parte de la industria local desarrolló actividades conexas y complementarias, que lograron posicionarla no sólo en el mercado local, sino que expandió sus fronteras, ganando lugar a nivel internacional. Ejemplos de esto son la fabricación de maquinaria agrícola local, la industria agroquímica y la producción de alimentos y bebidas, entre otras. La última década, y el proceso de crecimiento de la economía, es un ejemplo reciente de la sinergia que existe en estos sectores.
Aun así, luego de años de expansión, nuestra economía, y en particular el sector industrial, enfrentan un escenario más hostil. Crecientes costos, insuficiencia energética, escaso (o caro) financiamiento y un crecimiento de la demanda ralentizado, plantean interrogantes sobre el futuro y la sostenibilidad del proceso de crecimiento.
El horizonte parece aún más incierto cuando se analizan ciertos números. El 93 por ciento del área cosechada y el 94 por ciento de la producción agrícola a nivel nacional se concentran en seis productos, donde la soja representa más de la mitad. Sumado a esto, el 76 por ciento del valor agregado de las cadenas agroalimentarias se genera en la Pampa Húmeda. Por otro lado, el agro representa el 55 por ciento de las exportaciones. El 60 por ciento de esa oferta exportable se concentra en cinco productos, tres de los cuales pertenecen sólo a la cadena de la soja. A modo de comparación, en países como Nueva Zelanda y Chile, los cinco principales productos exportados concentran respectivamente el 35 y 30 por ciento de la oferta exportable, y pertenecen a cuatro cadenas agroalimentarias diferentes.
Esta incapacidad de la economía para buscar alternativas productivas que diversifiquen la producción tiene su correlato industrial. El desarrollo de tecnología y maquinaria para producciones que no estén dentro de las actividades tradicionales se asemeja a una prueba piloto y no a la diversificación y consolidación de un sector.
El fin de un ciclo presenta la oportunidad para generar mayor diversificación, avanzando sobre una mayor complejidad y valor agregado. Frente a la creciente demanda mundial de alimentos y bioenergía, la oportunidad de inserción externa como proveedor global, así como oferente de tecnología vinculada a la producción, es evidente. Hay innumerables oportunidades para producir más y mejor, a partir de modelos locales.
La industria local vinculada al agro posee la capacidad de generar tecnología de producción eficiente e innovadora, considerando distintos modelos e integrando a la pequeña y mediana escala. Asimismo, cuenta con capacidades para adaptar paquetes tecnológicos a la realidad productiva doméstica. Existe un segmento industrial que puede dar mucho más, pero requiere de un impulso extra. En este sentido, el sector agrícola tiene potencial para generar mayor diversificación productiva, con productos estratégicos a nivel global, que generen mayores encadenamientos locales.
Este segmento industrial tiene que ser promovido a partir del fortalecimiento de la red productiva, donde todos los actores encuentren los beneficios de la asociación, sin perder por ello su interés privado. El desarrollo de la agroindustria como oportunidad es clave. No significa que sea lo único pero, claramente, hay un potencial del mundo industrial que estamos dejando de lado.
* Economista especializada en agronegocios. Docente FCE-UBA
Fuente: Página 12, 30 de septiembre de 2013

jueves, 26 de septiembre de 2013

Lo que el Censo ayuda a visibilizar

Según las cifras del censo 2010, en el país hay un millón de personas que se reconocen como indígenas. En más de 60 mil hogares hay al menos una persona que se asume afrodescendiente. Y hay unas 25 mil familias formadas por parejas del mismo sexo.

 Por Pedro Lipcovich

Cerca de un millón de personas se reconocen como indígenas en la Argentina. En más de 60.000 hogares hay personas que se reconocen como afrodescendientes. Y casi 25.000 hogares están formados por parejas del mismo sexo. Así lo dio a conocer el Indec, a partir del Censo Nacional de Población 2010. Por primera vez, un censo preguntó sobre estas cuestiones. Se admite que todavía existe subregistro, ya que, por prejuicios personales y sociales, muchas personas no se autorreconocen en estas categorías, cuya visualización, de todos modos, va en aumento: en 2004, una encuesta sobre pueblos indígenas señaló sólo 650.000 personas que se reconocían como tales. La mayor parte de los que se autorreconocen como indígenas pertenecen a los pueblos mapuche y colla y residen en las provincias de Chubut, Neuquén y Jujuy. En cuanto a las parejas del mismo sexo, la mayor proporción vive en la Ciudad de Buenos Aires. Y la mayor parte de los afrodescendientes viven en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano.
Según el informe del Indec, “la cantidad de personas descendientes de pueblos originarios que se declararon en el Censo 2010 es de 955.032 personas y conforman 368.893 hogares. Es decir, el 2,38 por ciento del total de la población argentina y el 3,03 por ciento del total de hogares”.
En el 63,34 de estos casos, la persona es propietaria de la vivienda en que vive; este porcentaje es cercano a la media nacional, del 67,7 por ciento. Pero, advierte el informe, “las categorías conceptuales utilizadas por el censo no reflejan la cosmovisión indígena en su relación con la tierra”, que prioriza la propiedad comunitaria.
El 96,3 por ciento de la población indígena está alfabetizada, algo por debajo de la media nacional, que llega al 98,1 por ciento. De los mayores de 65 años, el 90 por ciento percibe jubilación o pensión, lo cual se aproxima al 93 por ciento de la media nacional.
Rubén Nigita, director nacional de Estadísticas Sociales y de Población del Indec, explicó que el ítem sobre población indígena “inquiere sobre si la persona se reconoce como perteneciente o descendiente de un pueblo indígena. En 2004, en la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, la cantidad de argentinos que se reconocían como indígenas era de unos 650.000, lo cual muestra cómo ha venido aumentando la proporción de quienes se autorreconocen en los últimos años”, comentó Nigita.
La mayor parte de la población indígena se concentra en las provincias de Chubut, Neuquén y Jujuy; pertenecen a los pueblos mapuche y colla. En Chubut, el 8,5 por ciento de la población total se reconoce como indígena; en Neuquén, el 7,9 por ciento; en Jujuy, el 7,8 por ciento; en Río Negro, el 7,1 por ciento; en Salta, el 6,5 por ciento; en Formosa, el 6,1 por ciento y en La Pampa, el 4,5 por ciento.

Afrodescendientes

En la Argentina existen 62.642 hogares con al menos una persona que se reconoce como afrodescendiente. En estos hogares hay 149.493 personas. Un 51 por ciento de los afrodescendientes son varones y un 49 por ciento son mujeres. En cambio, en el total de la población, hay un 48,7 por ciento de hombres y un 51,3 por ciento de mujeres: que entre los descendientes haya más varones “se debe, en parte, a que la afrodescendiente es una población menos envejecida que la del total del país, y el envejecimiento es predominantemente femenino –explica el informe–: mientras que la proporción de personas de 65 y más en la Argentina es de 10,2 por ciento, para la población afrodescendiente no supera 7,4 por ciento”.
El 92 por ciento de esta población nació en la Argentina y un 8 por ciento en el extranjero. De éstos, el 84,9 por ciento proviene de América, principalmente de Uruguay (20,8 por ciento), de Paraguay (16,1 por ciento), de Brasil (14,2 por ciento) y de Perú (12,5 por ciento).
El 34,4 por ciento de los afrodescendientes se halla en la provincia de Buenos Aires: la mayor parte, el 22,4 por ciento, en el Gran Buenos Aires, y el 12 por ciento en el interior de la provincia. En la Ciudad Autónoma vive el 11,3 por ciento; en Entre Ríos, el 6,8; en Santa Fe, el 6 por ciento; en Córdoba, el 5,5 por ciento; en Mendoza, el 2,5 por ciento; en Chubut, el 2,3 por ciento, y en Salta el 2 por ciento.
Federico Pita –titular de la entidad Diáspora Africana, que nuclea a afrodescendientes– contó que “previo al censo, participamos en una campaña de sensibilización en distintas provincias. No hace más de 20 años que se utiliza el término ‘afrodescendiente’, y en nuestra recorrida procuramos instalarlo. Se optó por utilizar este término políticamente correcto, que empleamos los activistas y que tiene un alcance político muy fuerte: designa a personas de ascendencia africana, lo cual en la inmensa mayoría de los casos se originó en la esclavitud”.

Del mismo sexo

“En la Argentina hay 24.228 hogares con parejas del mismo sexo”, precisa el informe; “el 58,3 por ciento son de mujeres y el 41,7 por ciento de varones”. Esteban Paulón –titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans– señaló que “en cambio, si se consideran los matrimonios –a partir de la ley de matrimonio igualitario, de 2010–, que son unos 5000, hay un 60 por ciento de varones y un 40 por ciento de mujeres; parecería que las parejas de varones son más propensas al matrimonio, mientras que las mujeres optan por la convivencia”.
En todas las jurisdicciones del país existe mayor proporción de parejas de mujeres por sobre las de hombres. “La única excepción es la Ciudad de Buenos Aires, donde el 52,3 por ciento son varones y el 47,7 por ciento son mujeres”, dice el informe, y señala también que “el 21 por ciento de las parejas del mismo sexo tienen hijos a cargo” y que, de éstas, el 97,5 por ciento son de mujeres.
La mayor proporción de parejas del mismo sexo se registra en la Ciudad Autónoma, donde llegan al 0,72 por ciento, con respecto al total de parejas hétero y homo. Sigue Tierra del Fuego, con el 0,38 por ciento. En el Gran Buenos Aires, la proporción es del 0,34 por ciento; en Santa Fe, Santa Cruz y Neuquén, del 0,33; en el resto de la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, llega al 0,32. En Chaco, 0,31. En el interior de la provincia de Buenos Aires, las parejas del mismo sexo son el 0,29 por ciento del total; 0,28 en Chubut, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos y Formosa; en Santiago del Estero, Río Negro y La Rioja llegan el 0,27 por ciento; en Catamarca, el 0,26; en Jujuy, el 0,25; en San Luis, el 0,24; y cierran Misiones, La Pampa y Mendoza con el 0,22 por ciento.
“Sabemos que los datos sobre parejas del mismo sexo están subregistrados –comentó Paulón–. Muchas veces estas parejas no se visualizan, y hay provincias donde las condiciones para hacerse visibles realmente no son óptimas. Además, en lugares chicos muchas veces hay conocimiento personal o familiar entre el censista y los censados, lo cual aumenta las dificultades con relación a la visibilidad.”
Fuente: Página 12, 30 de junio de 2012

lunes, 23 de septiembre de 2013

Un plan para defender el otro campo

PROPONEN UN INSTITUTO PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO CAMPESINO Y FAMILIAR

Organizaciones campesinas e indígenas, con el apoyo del Movimiento Evita, presentaron un proyecto para la formación del Instituto de la Agricultura Familiar y Campesina. Buscan proteger a los campesinos frente al avance del “sistema de agricultura industrial concentrado”.



Diversas organizaciones campesinas e indígenas presentaron ayer un proyecto de ley para crear un instituto destinado a defender y fortalecer el sector agropecuario campesino y familiar. La iniciativa propone “avanzar hacia una política integral de tierra” que reconozca los derechos de las familias indígenas, consolide la soberanía alimentaria y proteja a los campesinos frente al avance del “sistema de agricultura industrial concentrado”. Durante la presentación se reclamó, a su vez, la aprobación de una ley presentada el año pasado, pero que perdió estado parlamentario y que apunta a detener los desalojos rurales.
En la Sala I del Anexo de Diputados del Congreso Nacional se dio a conocer la propuesta para la formación de un Instituto de la Agricultura Familiar y Campesina. El objetivo de este organismo es fortalecer la producción campesina e indígena y garantizar la soberanía alimentaria mediante la asignación de recursos hacia el sector, la creación de un registro nacional de poseedores de tierras, la mejora del material tecnológico disponible y el saneamiento de los cultivos. “Venimos trabajando desde hace tiempo en la articulación y presentación de propuestas en conjunto que tengan que ver con la defensa de nuestro territorio. La creación de este instituto sería un gran avance para nosotros. Y no es que estamos proponiendo nada nuevo, en América latina existen organismos como éste, que consideran a la tierra como un bien social. En el país, la gran mayoría de las familias campesinas indígenas no tenemos títulos de propiedad de las tierras en las que estamos viviendo. La posesión ancestral que tenemos nos otorga derechos. Trabajar la tierra durante tanto tiempo, de forma ininterrumpida, haciéndole mejoras, nos hace dueños de esas tierras”, explicó a Página/12 Dolinda Carrizo, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), una de las organizaciones que impulsan el proyecto. El instituto funcionaría como un ente autárquico en el seno del Ministerio de Agricultura de la Nación.
El sistema agrario, campesino e indígena es un tipo de producción donde la familia está integrada al proceso productivo. Mientras que los integrantes de la familia aportan la fuerza de trabajo, la producción se dirige al autoconsumo y al mercado. Su importancia radica no sólo en sus características económicas, sino también en sus implicancias sociales, culturales y ambientales. “Este sistema está sustentado sobre un sentido de arraigo en los territorios ancestrales y de pertenencia cultural. Además, propone discutir lo que significa la producción de alimentos: en manos de quién la dejamos y destinada para quiénes”, señaló Carrizo.
En el marco de la presentación de la iniciativa, los miembros de las organizaciones campesinas e indígenas recordaron el proyecto de ley “Cristian Ferreyra” para frenar los desalojos en el campo. La propuesta, impulsada por el diputado del Frente para la Victoria Edgardo Depetri, fue presentada el año pasado en el Congreso Nacional, pero perdió estado parlamentario a pesar del apoyo de diputados de distintos bloques. La recuperación, primero, y la sanción, después, de esta ley “es central para defender nuestras tierras frente al modelo agroexportador”, sostuvo a este diario José Luis Castillo, dirigente de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), otra de las organizaciones que asistieron ayer a la presentación. “Tanto el instituto como la (ley) Cristian Ferreyra forman parte de nuestros frentes de lucha. El modelo agroexportador no sólo tiene plata y matones, sino que también cuenta con la venia de concejales, intendentes, gobernadores y jueces. Por eso necesitamos reforzarnos con este esquema administrativo, que es el instituto, y con la ley de defensa de tierras que proponía suspender los desalojos durante cinco años. Reclamamos un Estado que se involucre en la problemática y tenga una política sistematizada. En las provincias, las resistencias a los desalojos se hacen por medio de la organización de los campesinos. Los empresarios se meten en tierras fiscales, expulsan a las familias campesinas que están ahí y el Estado no hace nada”, agregó Castillo.
Además del MNCI y la ACINA, el anteproyecto es impulsado por otras organizaciones campesinas e indígenas como el Frente Nacional Campesino (FNC), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el Frente Agrario del Movimiento Evita. La presentación fue acompañada por los diputados del FpV Edgardo Depetri, Adela Cegarra y Leonardo Grosso.
Informe: Nicolás Andrada.
Fuente: Página 12, 20 de septiembre de 2013

jueves, 19 de septiembre de 2013

Congreso peruano aprobó convenio que cede a Bolivia salida al mar



La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó en primera discusión el convenio marítimo Boliviamar, que postula una salida para Bolivia al Océano Pacífico. teleSUR
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó el lunes, de improviso, el convenio marítimo Boliviamar, que postula una salida para Bolivia al Océano Pacífico.
El convenio, que será sometido al pleno del Congreso para su ratificación, establece que Perú cede a Bolivia una salida al mar a través de una playa a 17 kilómetros del puerto de Ilo, situado en el departamento peruano de Moquegua (sureste).
El anuncio se da en momentos en que se espera el pronunciamiento de La Corte de Justicia Internacional (CIJ) de La Haya sobre la demanda que interpuso Lima (Perú) contra Chile sobre límites marítimos.
Corredor oceánico proyectado. Fuente: Zela Hurtado
El excanciller de Perú, José Antonio García Belaunde, en cuya gestión fue planteado Boliviamar, dijo que es “muy importante (la decisión de la comisión). Me alegro mucho de que finalmente esta iniciativa que dimos para retomar la buena relación con Bolivia tome curso legal”.
Bolivia demanda a Chile una salida soberana al Océano Pacífico que perdió hace 134 años tras una invasión militar a su entonces puerto de Antofagasta.
Perú también exige soberanía sobre una extensión de 100 mil kilómetros cuadrados de aguas territoriales y presentó en 2008 una demanda ante La Haya, argumentando la inexistencia de una delimitación marítima con Chile, una cuestión que según el Gobierno chileno quedó resuelto con acuerdos pesqueros firmados en 1952 y 1954.
En 1992, los expresidentes de Perú, Alberto Fujimori, y de Bolivia, Jaime Paz Zamora, suscribieron el convenio Boliviamar que establecía ceder a Bolivia, en calidad de comodato, una franja costera de cinco kilómetros en una playa ubicada a 17 kilómetros de Ilo.
El presidente Evo Morales inició en 2011 la búsqueda de otras salidas al mar ante las difíciles relaciones con Chile, en cuyo marco se habló del océano Atlántico a través del río Paraguay y del Pacífico por puertos peruanos, para así consolidar una conexión bioceánica.
El pasado 24 de abril, Bolivia interpuso en La Haya una demanda para obligar a Chile a negociar la resolución de ese centenario conflicto marítimo. La Paz y Santiago carecen de relaciones diplomáticas desde 1978, cuando fracasó un nuevo intento por entregarle a Bolivia una salida propia al Pacífico.
Pese a que Bolivia ha exigido en diversas instancias internacionales el reconocimiento de su derecho sobre el territorio usurpado, Chile se aferra al argumento de que la cesión de soberanía sobre su territorio está fuera de toda discusión.
Desde 2008, Chile también afronta en la CIJ un litigio acerca del límite marítimo con Perú, cuyo veredicto se espera conocer en las próximas semanas. En ese caso, la Corte estableció periodos de un año para la presentación de los dos primeros documentos, frente a los diez meses establecidos ahora en el juicio con Bolivia.
Fuente: teleSUR-ABI-HispanTV/KP

lunes, 16 de septiembre de 2013

Tecnologías en el ojo de la tormenta

 TEMAS DE DEBATE: HERRAMIENTAS PARA LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES

Análisis sobre el modelo de intensificación productiva que es actualmente dominante en la explotación de recursos naturales, tanto el fracking como la megaminería y los transgénicos. Qué otras alternativas tienen los países en desarrollo como Argentina.


Producción: Tomás Lukin


Hay otras alternativas

Por Valeria Arza, Anabel Marin y Patrick van Zwanenberg *
Es común escuchar argumentos que defienden el modelo de intensificación productiva que es actualmente dominante en la explotación de recursos naturales (RN) –fracking, megaminería, transgénicos– como único camino para impulsar un proceso de desarrollo. Se argumenta que los países como el nuestro no han llegado a un estadio de desarrollo que haga relevante la preocupación ambiental porque existen otros problemas más urgentes (por ejemplo, la generación de divisas). Si bien se concede que estas actividades no son inocuas para el medio ambiente y pueden estar asociadas a los intereses de grandes corporaciones, se piensa que será posible generar impactos positivos para el desarrollo con buena intervención y regulación pública.
Con una economía altamente dependiente de los RN, no sorprenden estos argumentos pragmáticos: la soja transgénica representa más del 50 por ciento del área cultivada y es imposible ignorar cómo se verían afectadas las cuentas fiscales si se cambiaran las prácticas tecnológicas actuales; de igual manera, corresponde aspirar a mejorar la balanza energética. Pero pragmatismo no justifica dogmatismo. Existen diversas alternativas tecnológicas que podrían promoverse. Tres cuestiones deberían tomarse en consideración.
Primero, el modelo de explotación de RN dominante genera graves problemas económicos, ambientales y sociales de efectos evidentes en la calidad de vida de las poblaciones que conviven con estas prácticas y vaticina un futuro menos auspicioso para el empleo rural, la diversificación productiva, para agregar valor en origen, la soberanía alimentaria, la salud, la disponibilidad de agua potable, etcétera. No es antitecnológico criticar algunas tecnologías específicas.
Segundo, existen tecnologías alternativas de producción de RN que superan social y ecológicamente a las establecidas (por ejemplo, energía eólica o producción agropecuaria para mercados diferenciados como la orgánica o agroecológica). Muchas también son viables económicamente o podrían serlo si se apoya su desarrollo. Sin embargo, como muchas veces entran en tensión con las prácticas dominantes (por ejemplo, por el uso de la tierra), no cuentan con el apoyo político y económico necesario para su expansión.
Tercero, la tecnología no puede separarse de las relaciones sociales en las que se inserta, ni de las normativas que regulan su funcionamiento: no es exógena al sistema. Por ejemplo, el modelo de producción de agricultura intensiva no se difundió solamente por las virtudes de las semillas transgénicas, los agroquímicos o los equipos de siembra directa. Su difusión tuvo que ver también con las redes existentes de empresas proveedoras de diversas tecnologías, con su capacidad de lobby, con las leyes de propiedad intelectual, con las regulaciones para la liberación de eventos transgénicos, con los intereses políticos que se crean alrededor de prácticas establecidas, etcétera. Se trata de sistemas que combinan elementos técnicos, políticos y socio-económicos que se alinean para producir y reproducir un sistema productivo que funciona bien al menos en algunas dimensiones (es competitivo a nivel internacional, ofrece rentas sustantivas a los agricultores comerciales, genera divisas e ingresos fiscales, etcétera).
Las tecnologías alternativas pueden no “encajar” con facilidad dentro de este sistema establecido. En buena medida dependerá de hasta qué punto se aparten de las prácticas dominantes. Cuanto más se aparten, mayores tensiones se originarán y más resistida será su expansión. Por ejemplo, algunas medidas que podrían favorecer alternativas (como la agricultura orgánica) pueden ser resistidas si desfavorecen a las prácticas establecidas: pensemos el caso de medidas que restrinjan la fumigación aérea, una práctica extendida en la agricultura intensiva. Cabe resaltar que quienes se favorecen de las prácticas dominantes pueden ejercer una influencia mucho más efectiva incluso que las prácticas de representación democrática. Valga como ejemplo el modo en que el gobierno del Chaco reglamentó la ley de uso de agroquímicos, haciendo caso omiso de las distancias mínimas de fumigación allí establecidas.
En suma, resulta ingenuo pensar que la tecnología es neutral e independiente de las relaciones sociales (y de poder), tanto como que será siempre posible regular su funcionamiento en pos del bien común. Algunos impactos negativos no se pueden disminuir o controlar con regulación e incluso las regulaciones viables serán intensamente resistidas por quienes vean amenazados sus intereses. Finalmente, el argumento de que existe una única tecnología capaz de impulsar el desarrollo –lo que nos obligaría a estar dispuestos a soportar sus consecuencias negativas– es falaz. Existen múltiples opciones tecnológicas con diversas relaciones sociales, económicas y ambientales asociadas. Algunas son superadoras de las establecidas en varias dimensiones, pero no podrán expandirse sin un esfuerzo colectivo de promoción y difusión desde la política pública y la sociedad civil.
* Investigadores de Cenit/Untref.

Necesidad social

Por Ignacio Sabbatella *
La Argentina se encuentra frente a una encrucijada histórica en cuanto a la definición de una política energética de largo plazo. La expansión de la demanda en el marco del crecimiento económico experimentado en la última década llevó a la crisis final de la reforma neoliberal del sector hidrocarburos. La estrategia privada se asentó en la sobreexplotación de las reservas convencionales descubiertas en gran parte por la YPF estatal y el abandono de la actividad exploratoria. El saldo fue una caída pronunciada de la productividad de los yacimientos de petróleo a partir de 1998 y de gas a partir de 2004. La creciente importación de gas natural y combustibles ha derivado en un déficit comercial energético desde 2011, que reaviva el fantasma de la restricción externa sobre la economía nacional.
La recuperación del control estatal de YPF fue un hito y la nueva gestión frenó el declino de la extracción, pero apenas representa un tercio del mercado de crudo y un cuarto del mercado de gas. En consecuencia, en 2012, la importación de energía implicó 9266 millones de dólares (un 13,5 por ciento con respecto al total de las importaciones) y el déficit fue de 2738 millones de dólares (equivalente al 21,6 por ciento del superávit comercial total logrado en el año).
Los recursos no convencionales se presentan como la gran promesa para recobrar el autoabastecimiento energético, especialmente la formación Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina. Se precisan inversiones millonarias y la utilización de la fractura hidráulica en combinación con la perforación horizontal. Esta nueva modalidad de explotación exige un esfuerzo conjunto entre Nación y provincias para implementar estrictos controles ambientales y establecer un ordenamiento territorial que resguarde a las comunidades locales y a otras actividades productivas.
Por otro lado, hay que señalar que todavía existe un alto grado de incertidumbre respecto de la conversión en reservas de los “recursos técnicamente recuperables” de shale contabilizados por la Agencia de Información Energética de EE.UU. y, además, los cálculos más optimistas ubican la recuperación del autoabastecimiento en 2022. Por lo tanto, la política energética no puede focalizarse exclusivamente en el shale y debería abrirse un abanico de medidas para paliar el déficit comercial. A corto y mediano plazo, atenuar la demanda a través de una fuerte campaña de uso eficiente y racional de la energía a nivel industrial, residencial, comercial y del transporte; y continuar con la quita de subsidios a los sectores más pudientes. A largo plazo, promover la diversificación de la matriz energética hacia fuentes renovables. Un involucramiento estatal más decidido en el sector eólico sería un paso fundamental.
De la misma manera que no es conveniente entronizar la explotación no convencional, tampoco debería ser demonizada. No es adecuado englobar distintas actividades primarias de gran escala bajo el rótulo peyorativo de “extractivismo”; tampoco es adecuado patrocinar acríticamente cualquier modalidad de extracción y tecnología en pos del “desarrollo”. En ese sentido, el fracking difiere, por ejemplo, de la minería aurífera en al menos dos puntos. En primer lugar, la explotación del shale es liderada por el Estado argentino a través de YPF, mientras que el mercado metalífero está dominado por las grandes mineras transnacionales. Y en segundo lugar, el petróleo y el gas son bienes estratégicos necesarios para satisfacer no sólo el desarrollo industrial sino también el bienestar de la población en su conjunto. Mientras que una gran parte de la extracción de oro –que ni siquiera se refina en el país– está destinada como materia prima de bienes suntuarios y como reserva de valor de la banca internacional.
Bajo las actuales circunstancias, el desarrollo no convencional es una necesidad social. En algunos casos, la intransigencia ambientalista no se reduce al fracking sino que se extiende hacia otras fuentes de energía como la hidroeléctrica, cuyo potencial nacional es más que promisorio y permitiría reducir la dependencia fósil. La crítica coyuntura es una oportunidad propicia para preguntarse energía por qué, para quién y cómo; también para debatir y definir democráticamente cuáles son los umbrales sociales y ambientales que la sociedad argentina está dispuesta a tolerar para sostener las necesidades energéticas del país en las próximas décadas.
* Licenciado en Ciencia Política, becario doctoral Conicet - Instituto Gino Germani.
Fuente: Pagina 12, 16 de septiembre de 2013

viernes, 13 de septiembre de 2013

Los conflictos por la propiedad de tierras suman 857 en todo el país

 Las disputas abarcan más de 9 millones de hectáreas productivas y afectan a más de 63 mil agricultores familiares. Las provincias del NOA concentran casi el 30% de las controversias. Reclamo por la sanción de una ley que frene desalojos.


 Un estudio del Ministerio de Agricultura le puso números a los conflictos por tierras productivas a lo largo y ancho del país. Abarca 9.293.233 hectáreas rurales que afectan a 63.843 agricultores familiares. El relevamiento, confeccionado con la asistencia de la Universidad Nacional San Martín, da cuenta de 857 problemas vinculados a la tenencia y distribución de la tierra que generan reclamos y disputas. Y concluye en la necesidad de una ley que frene los desalojos, distintos tipos de políticas de saneamiento de títulos dominiales, acceso a la justicia de campesinos e indígenas, y alternativas de financiamiento para infraestructura y producción. También advierte acerca de la complejidad del problema, dado que en muchos casos hay competencias no delegadas al Estado Nacional por parte de las provincias.
El trabajo traza un mapa urgente. Le da un marco teórico y funciona como una evaluación rigurosa de las noticias que suelen llegar a los diarios recién cuando se convierten en sangre. Son asesinatos que encienden una alerta, pero que, casi sin remedio, se diluyen con velocidad en la agenda más caliente. Los crímenes de Cristian Ferreyra, hace un año, y Miguel Galván, veinte días atrás, son buenos ejemplos. Casos donde se denuncian bandas armadas comandadas por empresarios del agro en Santiago del Estero. Una provincia a la que el estudio al que accedió Tiempo Argentino reconoce como una de las más conflictivas.
El trabajo, aún no oficializado, divide en regiones las zonas de conflictos. El ránking está encabezado por el NOA (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero) con el 28,2% de los casos detectados. La Patagonia (Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur) y el NEA (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes) con el 21,1% y 19,3 por ciento. La zona Centro (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa) sigue con el 19,1% y en el último escalón está Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan) que abarca el 11,7% de los problemas de tierra. Las provincias más complicadas son Santiago del Estero, Córdoba, Misiones, Neuquén, Corrientes y Jujuy, en cada una de ellas se anotó, individualmente, más del 6% del total de disputas. 
Otra manera de evaluar la intensidad del problema es tomar la cantidad de familias involucradas en los conflictos. En ese caso, el listado lo encabezan Misiones, Salta, Santiago del Estero y Jujuy.
Un dato de peso, que a su vez es destacado en el resumen ejecutivo, es la condición jurídica de los agricultores familiares involucrados en estas situaciones. El 87,6% son poseedores de tierras. El 8,5% son propietarios. Y el 4% son tenedores. Y del total de los poseedores, el 77,6% tienen más de 20 años de posesión, es decir que cumplen con el lapso de tiempo establecido por la usucapión (o ley veinteañal) para pedir al Estado el reconocimiento de sus derechos posesorios.
Las pujas, por otra parte, se desarrollan en el 49% de los casos en tierras privadas, el 34% en tierras fiscales y el 17% en tierras mixtas (privadas y fiscales). 
El trabajo del Ministerio de Agricultura aborda, además, las razones que originan los problemas. En el 18,25% de los casos hay títulos incompletos o inexistencia de títulos, en el 8,95% usurpación de tierras campesinas o indígenas, más un porcentaje similar de despojos y pedidos de reconocimiento de tierras indígenas, entre otros factores.
La concentración de la producción agropecuaria, la expulsión de agricultores hacia las ciudades, el aumento de precio de hasta un 600% de la tierra productiva entre 1998 y 2011, la expansión de la frontera agropecuaria, el crecimiento de la megaminería y el desarrollo del turismo –consigna el trabajo– explican la aparición de un nuevo actor, al que se llama "Nuevo Propietario". Se trata, al fin, de actores, a veces con títulos inciertos, pero que, aun con papeles en regla, sus títulos ya no tienen vigencia. E intentan recuperar tierras que abandonaron hace más de 20 años. Es decir: que no ocuparon, no trabajaron ni deslindaron.
Las batallas son silenciosas y tierra adentro. Entre las particularidades del trabajo sobresale que en casi el 70% de los conflictos se desarrollan en tierras con accesos malos o regulares. Los poseedores rurales denuncian que las amenazas, en la mayor parte de las casos, provienen de particulares (el trabajo señala que en muchos casos hay guardias privadas armadas). En cambio, la mayoría de los propietarios que ven amenazados sus derechos señalan a organismos y funcionarios estatales.
A la hora de las conclusiones, el trabajo destaca la necesidad de un saneamiento de títulos que, a pesar de la complejidad legal, se recomienda que sea encabezado por el Estado Nacional. A la vez que propone, si se pretende enfrentar el proceso de exclusión social en el campo, políticas de financiamiento para infraestructura, mecanismos de capacitación y extensión, información, salud y transporte. Ante la situación de "indefensión de los agricultores familiares", por la dificultad para el acceso a la administración de justicia, el trabajo recomienda en primer lugar: promover legislación que garantice la suspensión de los desalojos.  «
Fuente: Diario Tiempo Argentino, 29 de octubre de 2012

Para descargar el libro con los mapas hacé Clik aca:
http://www.proinder.gov.ar/productos/Biblioteca/contenidos/estinv.32.relevamiento%20y%20sistematizacion%20de%20problemas%20de%20tierra%20de%20los%20agricultores%20familiares%20en%20argentina.pdf
Comentario: en este relevamiento participamos con el Malut en la compilación de los datos de la provincia de La Pampa.

lunes, 9 de septiembre de 2013

Mapa de los pueblos originarios

El mapa ubica a los 38 pueblos naciones originarias en los lugares donde hoy viven. Fue realizado por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios 






miércoles, 4 de septiembre de 2013

Los pueblos originarios tienen su mapa

SOCIEDAD › FUE CONFECCIONADO POR LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y SERA DISTRIBUIDO EN LAS ESCUELAS

El trabajo ubica a los 38 pueblos naciones originarias en los lugares donde hoy viven. Fue realizado por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios con el apoyo del Sindicato de Comercio de Quilmes.



 Por Eduardo Videla
“Hasta ahora, los mapas con la distribución de los pueblos originarios eran los que había hecho la Iglesia. Nosotros mismos suponíamos que éramos una docena de pueblos en todo el territorio. Pero en los encuentros nos fuimos dando cuenta de que había más, y resolvimos hacer nuestro propio mapa.” Roberto Ñancucheo, de la Confederación Mapuche de Neuquén, explicó de esa manera por qué las comunidades reunidas en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo) resolvieron poner por primera vez sobre el papel la distribución geográfica de las 38 naciones geográficas identificadas hasta ahora en todo el territorio del país. El material, junto con un cuadernillo, será repartido por los propios integrantes de las comunidades en las escuelas de todo el país.
Ñancucheo explicó Página/12 que la necesidad se les planteó en uno de los encuentros, allá por 2009. “Había muchos compañeros de Tartagal y nosotros creíamos que eran wichís. Pero uno de ello nos dijo que era del pueblo iogys. ¿Pero si vos hablas en wichí?, le preguntamos. Sí, nos contestó, porque estoy con ellos, pero en mi casa hablamos iogys. Ahí nos dimos cuenta de que ni nosotros sabíamos cuántos pueblos hay.”
Para Walter Barraza, del pueblo tonocoté, de Santiago del Estero –aunque reside en Quilmes–, el mapa presentado ayer “refleja la identidad diversa de los pueblos que habitan el territorio, que permite considerarlo como un Estado plurinacional”. El dirigente confía en que esta información permitirá que en las escuelas “no se estudie dónde vivían los pueblos originarios y cuáles eran sus costumbres, sino por dónde viven y cuál es su situación hoy”.
El encuentro de organizaciones territoriales, explicaron los organizadores, comenzó a gestarse a partir de 2008, con el debate por la Resolución 125, por las retenciones móviles a la producción agraria. “Era un avance contra la Sociedad Rural, nuestro enemigo histórico, el que financió al Ejército para avanzar sobre nuestros territorios”, afirmó Barraza. “A diferencia de ellos –agregó–, nosotros no queremos que desaparezca la Sociedad Rural, sino que se abra la participación a otros actores.”
Si bien la organización reconoce que en el actual proceso político “hemos detectado un avance de los sectores populares sobre la gestión del Estado”, y admite que “en esta última década estamos mejor acompañados que nunca”, aseguran que “no queremos que nadie nos conduzca, fuera de nuestras propias autoridades”. Valoran que los pueblos originarios hayan sido escuchados en los últimos años para el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o del Código Civil, y trabajen en cooperación con organismos del Estado, como el INTA o el INTI, pero remarcan que queda mucho recorrido en la lucha por sus derechos. “Desde la posesión de nuestras tierras hasta el derecho a la consulta antes de encarar un emprendimiento productivo en los territorios”, grafica Ñancucheo.
La edición y publicación del mapa y el cuadernillo contó con el apoyo del Sindicato de Comercio de Quilmes, una entidad gremial que se ha mostrado interesada en la lucha de los pueblos originarios. Los materiales fueron entregados ayer por el secretario general, Roberto Rodríguez. Si la alianza indígena-sindical puede resultar sorprendente, no menos imprevista es la participación de deportistas en la movida: estuvo presente el ex futbolista Pablo Rotchen, del pueblo huarpe (Mendoza), de larga trayectoria en la lucha por los derechos de los pueblos originarios, y envió su adhesión el también ex defensor de Independiente Pedro Monzón (actual entrenador de Platense) de la comunidad guaraní.
Los 10 mil mapas impresos en tamaño afiche serán distribuidos en escuelas de veinte provincias. “En este trabajo está condensado nuestro pasado de lucha y resistencia, y también la proyección para volver al buen vivir de nuestros antepasados”, concluyó Ñancucheo.
Fuente: Página 12, 04 de septiembre de 2013