Conflictualidad en el monte pampeano

Por María Eugenia Comerci

El manejo de los recursos del monte pampeano entre distintas familias  posibilitó el desarrollo de las actividades de caza, recolección y cría de ganado sin conflictos entre los puesteros[1] del oeste de La Pampa, provincia del centro de Argentina. La escasa valoración de la zona para los empresarios permitió la reproducción simple de los puesteros mediante el desarrollo de distintas prácticas de apropiación social del espacio, productivas, de socialización, matrimoniales, de movilidad y de ayuda mutua[2].
Concebimos el “conflicto” como el proceso de interacción social entre dos o más partes que se disputan material o simbólicamente el uso o la apropiación de un espacio o el acceso a un recurso natural. En este caso, el territorio en disputa son las tierras de monte del oeste provincial. 

Desde una perspectiva crítica, acordamos con Fernandes Mançano (2008) quien enmarca los conflictos dentro de los procesos de desarrollo, producidos en diferentes escalas geográficas y dimensiones de la vida. Los conflictos por la tierra son también conflictos por la imposición de los modelos de desarrollo territorial rural y en éstos se desenvuelven. Las distintas manifestaciones de conflictos que se vienen experimentando en Argentina y en otros espacios de Latinoamérica cuestionan las formas tradicionales de institucionalización de los conflictos estructurales y proponen otras formas de negociación apuntando a un cambio en las relaciones de poder. 

Espacio de pastoreo compartido hoy en disputa

Los departamentos que actualmente se localizan en el oeste de La Pampa (Chicalcó, Puelen, Chadileo, Limay Mahuida y Curacó) pertenecían al territorio indígena (mapuche, ranquel, pehuenche) antes de las campañas militares y fueron incorporados a territorio nacional en el último tercio del siglo XIX. 

Finalizada campaña del llamado “desierto” a fines del siglo XIX y una vez mensurado-fragmentado el espacio de la actual porción occidental de La Pampa, se generó la apertura de la frontera agropecuaria. 

El negocio inmobiliario de tierras no supuso asentamientos efectivos ni inversiones productivas por parte de los titulares registrales. Ello posibilitó el asentamiento de puesteros en valles, mallines y lugares con buenas pasturas, mientras en el mercado inmobiliario se vendían las tierras consideradas “marginales” y de bajo valor. El espacio de control de cada familia estaba circunscripto a la casa y el “monte abierto”. Ese espacio de pastoreo (en algunos casos compartido entre distintas familias, y en otros, dentro de distintas generaciones de una misma familia) se distribuía en función de acuerdos preestablecidos entre vecinos y en base a las relaciones de poder entre los distintos miembros del paraje. La organización en torno a los espacios de pastoreo abiertos posibilitó, durante casi todo el siglo XX, distintas prácticas territoriales y productivas que, en los últimos quince años, con el avance de la propiedad privada, el cercamiento de los campos y de lógicas territoriales de tipo empresariales,  se está desdibujando y emergen los conflictos.

La valorización del espacio occidental de La Pampa se ha generado, no sólo con las prácticas productivas sino también con el avance de la propiedad privada de productores capitalizados y empresas sobre puesteros. En la configuración de la tenencia de la tierra interdepartamental, la mayor cantidad de explotaciones con propiedad o sucesión indivisa y arrendamiento se concentra en las jurisdicciones del este de La Pampa, mientras los departamentos centro-occidentales son los que más explotaciones con ocupación tienen. Cabe mencionar que algunas explotaciones sin delimitación se encuentran localizadas en los límites provinciales (del lado mendocino), pero los circuitos pastoriles, comerciales y las redes familiares están totalmente integradas a la dinámica regional.

Como consecuencia del proceso de expansión de la frontera numerosos conflictos se han generado en estos departamentos (y en las jurisdicciones limítrofes mendocinas) entre los titulares registrales y los productores poseedores, que han derivado en despojos de familias, en actos de violencia directa, con intervención del estado provincial mediante la promulgación de leyes que suspenden temporalmente los desalojos. La conflictividad pone en evidencia la existencia de dos territorialidades que entran en tensión: por un lado la legal, catastral y registral y, por otro lado la real, concreta, que desconoce los límites políticos.

El avance de los alambrados sobre los “campos libres” está produciendo modificaciones en los sistemas productivos y en los circuitos de pastoreo. Estos procesos están promoviendo también una reducción en los planteles de ganado, implicando una menor participación de los agentes (residentes y no residentes en el puesto) en el sistema de producción. El achicamiento de los campos y menor “tajale” está produciendo enfrentamientos entre vecinos pues la menor superficie obliga a optimizar e intensificar el uso del monte disponible. Como consecuencia de estos procesos se están reduciendo las actividades de caza y recolección llevadas a cabo por los grupos domésticos para la obtención de alimentos para el autoconsumo que posibilitan la generación de ingresos extras. Las inversiones de empresas petroleras, forestales y ganaderos están generando el cierre de caminos irregulares (huellas) e incluso picadas (realizadas por la Dirección de Vialidad) que unen puestos y ojos de agua, limitando seriamente la circulación y obligando a transitar por ciertos caminos.

 En este escenario emergen conflictos entre vecinos y con agentes extralocales así como nuevas formas de sociabilidad entre puesteros/as que recuperan prácticas de organización comunitaria realizadas en el pasado. La valorización de la zona y despojo repercute en las subjetividades campesinas en las que aparece el temor y la preocupación por el futuro de las familias en el lugar y, asimismo, redefine las relaciones de poder entre los vecinos y los productores extralocales.

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[1] Llamamos “puesteros” a los productores familiares con perfil campesino que habitan en el puesto, residen y trabajan en su unidad productiva, cualquier sea su relación jurídica con la tierra.

[2] Una particular combinación de diferentes factores dio lugar a la persistencia del campesinado en el extremo occidental de La Pampa. Por un lado la escasa valoración social de las tierras por parte del capital, y por otro, la disponibilidad de mano de obra familiar, el compromiso con las tareas de la unidad productiva y la existencia de lógicas internas campesinas tendientes a la supervivencia del grupo doméstico. Ello posibilitó la generación de distintas prácticas ganaderas, artesanales y de caza-recolección dentro del monte abierto, espacio vital que proveyó de alimentos, insumos e ingresos extras a los grupos. Asimismo, la reproducción de saberes campesinos empíricos transmitidos en forma oral de generación en generación, referidos al manejo del ganado, a la elaboración de artesanías, a remedios caseros y a la construcción de viviendas y corrales con el uso de recursos locales, permitió que las actividades productivas se garantizaran (Comerci, 2012).