Las claves del acuerdo

El arreglo con los buitres contempla pagos en efectivo y el reconocimiento a los fondos más agresivos de sus gastos en abogados. El Gobierno emitirá deuda para obtener los dólares, que serán girados directamente a las cuentas de los acreedores carroñeros.

Para pagarle a los fondos buitre, propietarios del 7,6 por ciento de la deuda defolteada en 2001, se necesitarían al menos 11.700 millones de dólares. Como el desembolso se hará en efectivo, cuando las condiciones legales en Estados Unidos lo permitan, el Ministerio de Hacienda y Finanzas se endeudará con un grupo de bancos extranjeros. El monto, los plazos, las tasas y las comisiones involucradas en la operatoria todavía no fueron divulgadas pero para conseguir esa cifra en efectivo el gobierno deberá emitir títulos por un monto superior. El resultado de la colocación será transferido a las cuentas de los acreedores carroñeros que hayan firmado los acuerdos correspondientes.

Los títulos públicos que todavía se encuentran en default tienen un valor nominal de 6000 millones de dólares y la propuesta del gobierno de Mauricio Macri ya fue aceptada por el 55 por ciento del total. Con el resto se mantiene abierta la negociación a través del abogado mediador Daniel Pollack, impuesto por el juez neoyorquino Thomas Griesa. El tratamiento que recibirá cada acreedor carroñero depende del tipo de demanda y sentencia obtenida pero en todos los casos les permitirá multiplicar entre 1,5 y 3,5 veces el valor nominal de sus bonos mientras que el 92,4 por ciento de los inversores que participaron del canje recibieron 30 centavos por cada dólar.

Las ganancias serán mayores ya que no se trata de inversores genuinos sino que, en su mayoría, adquirieron esos papeles a precio de remate después del default. Si no se presentan trabas judiciales en las próximas semanas, los fondos litigantes más agresivos manejados por las firmas Elliott Management, Aurelius, Davidson Kempner y Bracebridge Capital serán quienes obtengan mayores ganancias. En el mejor escenario para el equipo económico, los pagos comenzarían a realizarse a mediados de abril, pero el plazo previsto en los preacuerdos se extiende hasta finales de junio.

Aproximadamente 4,3 de cada 10 dólares de deuda en default fueron favorecidos por la sentencia de Griesa en Nueva York que les reconoce en total de 9200 millones de dólares. A cargo de la negociación, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el responsable de la coordinación interministerial de la jefatura de Gabinete, Mario Quintana, ofrecieron pagarles con una quita promedio del 25 por ciento.

Prácticamente la totalidad de ese grupo de acreedores carroñeros aceptó la propuesta. Con ese tratamiento los buitres encabezados por Paul Singer multiplicarán sus tenencias originales 3,5 veces. Adicionalmente, en el caso de los acreedores más agresivos las concesiones del equipo económico incluyeron hacerse cargo de sus costas legales. Son más de 200 millones de dólares.

Por su parte, para el resto de los acreedores que no están beneficiados por la sentencia neoyorquina, el Palacio de Hacienda les propuso una fórmula diferente que les permite multiplicar sus tenencias 1,5 veces. En ese grupo se encuentran los denominados “bonistas italianos” que firmaron en febrero pasado un preacuerdo donde recibirán un pago en efectivo por 1440 millones de dólares. Todavía resta que se exprese una porción significativa de los buitres que, por su estrategia judicial, entran en este grupo.

“Respecto al monto total emitir, Argentina tiene deuda en default por 1,4 por ciento del PIB y, con esta oferta, pagará como máximo 2,6 por ciento del producto”, indicó en un informe el economista de la consultora Econométrica, Ramiro Castiñeira. Si bien la operación de endeudamiento necesaria para pagar representa la emisión más grande para una economía emergente de los últimos 20 años, Castiñeira considera que “el pago no cambia la realidad de una Argentina desendeudada”. Si se concreta la operación la deuda publica neta (excluye los pasivos intra Sector Público), quedará en 26,5 por ciento PIB. Aunque no implique un retroceso irreversible, el acuerdo con los buitres es un paso para la reinserción del país en la lógica del sistema financiero internacional y habilita un nuevo ciclo de endeudamiento externo.

Fuente: Página 12, 31 de marzo de 2016

Mala leche

CRISIS DE LA PRODUCCIóN LACTEA

Por Hernán Letcher y Julia Strada *

“Este es un Estado presente que busca incentivar a los productores y reactivar esta actividad (la lechería) de gran importancia para la economía de nuestro país” dijo el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile. Sin embargo, los reclamos de los productores de leche al Gobierno dejan al descubierto las contradicciones entre las declaraciones oficiales y la realidad cotidiana. Vale la pena analizar las medidas para el sector lechero anunciadas a principios de enero para entender la insatisfacción sectorial.

En primer lugar, Macri había cuestionado duramente la gestión kirchnerista, pero la medida principal que anunció para el sector lechero consiste en un subsidio similar al impulsado por Cristina en mayo de 2015: se pagarán 0,40 centavos a los tamberos hasta 3000 litros cuando antes el subsidio era de 0,30 centavos hasta un máximo de 2900 litros por día. La diferencia principal reside en que ahora se paga hasta 3000 litros pero no discrimina según nivel de producción (cobran todos los productores, incluso los grandes) mientras que durante el kirchnerismo el límite de pago de 2900 litros/día tenía un tope para los tamberos que produjeran hasta 6000 litros/día.

En segundo lugar y en referencia a los montos del subsidio a la leche en términos absolutos, antes del anuncio de Macri, los tambos de mayor tamaño (que totalizan 920 y producen más de 6000 litros por día) no recibían subsidio, y a partir de ahora serán beneficiarios del mismo para la producción de los primeros 3000 litros de leche por día, subsidio que asciende a 100 millones de pesos. Como contracara, los pequeños tamberos, de hasta 3000lts/día, recibirán sólo 67 millones de pesos más que los subsidiados durante el mandato de CFK, al igual que los tamberos que producen entre 3000 y 6000 litros por día.

La distribución del subsidio otorgado por el macrismo es claramente regresiva. En la práctica representa un aumento del costo fiscal del 58 por ciento, donde el 43 por ciento de ese aumento lo recibe un sector altamente concentrado que produce más de 6000 litros por día de leche, siendo tan sólo el 8,5 por ciento de los tambos.

En tercer lugar, la devaluación y la quita de retenciones aumentaron los costos de los tamberos. La alimentación del ganado, a pesar de seguir centrada en el pastoreo de pasturas naturales, se complementa con rollos, silos y alimentos balanceados que producen una mejora en el balance alimentario. Los precios de los alimentos balanceados aumentaron entre 15 y 20 por ciento porque la eliminación de las retenciones impactó sobre el valor de ese insumo principal. Entre mayo y diciembre de 2015 el costo del maíz creció por encima del precio de la leche, dado que la relación tonelada de maíz/litro de leche se duplicó. El precio de la leche retrocedió un 20 por ciento (de 3,256 a 2,596 pesos el litro) mientras que el precio de la tonelada de maíz aumentó un 70 por ciento (de 984 a 1672 pesos).

En cuarto lugar, otro dato resulta significativo: a pesar de las declaraciones de Macri hacia los tamberos (“Queremos decirles que no están solos, el Gobierno quiere acompañarlos en este camino de crecimiento”), el precio actual de la leche se ubica muy por debajo incluso del precio vigente al momento de implementar el subsidio de 0,30 centavo en mayo de 2015. Es decir, el kirchnerismo pagaba 0,30 centavos con un precio de 3,256 pesos (que significaba que el productor recibía 3,556 pesos por cada litro de leche) y Macri les subsidiará 0,40 centavo a un precio al pasado diciembre de 2,596 pesos por litro, con lo cual el productor recibirá menos que antes: 2,996 pesos por cada litro de leche, es decir, un 16 por ciento menos.

Néstor Roulet, actual secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agricultura y ex titular de Confederaciones de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), sostuvo en agosto de 2015: “esos 30 centavos son sólo una aspirina, un paliativo hasta ahí nomás, porque con esta nueva reducción de precios la compensación ya debería ser de 70 centavos”. Agregó incluso el costo de producir un litro de leche “a junio, nos da 3,65 pesos”. Si Roulet consideraba que era bajo el valor de 3,55 centavos al que alcanzaba el productor con el subsidio del kirchnerismo, ¿cuál será su postura con los productores lecheros que ahora perciben 2,99 centavos por litro?

El complejo lácteo se caracteriza por una estructura primaria atomizada y dispersa, frente a un sector industrial concentrado y estratificado. A la concentración en la producción, donde el 8,8 por ciento de los tambos que producen más 6000 litros por día y representan el 32,4 por ciento de la producción de leche se adiciona la concentración en la etapa de industrialización, donde la cantidad de establecimientos asciende a 912, pero también manifiestan heterogeneidad. Así es como 20 usinas lácteas de ese total procesan el 80 por ciento de la leche, 3 de ellas procesan el 40 por ciento de la leche total y las 2 principales empresas procesan un tercio de la leche cruda. Las usinas, además, controlan precios de compra e imponen pautas tecnológicas a los tambos mediante pagos diferenciales por calidad y cantidad de leche procesada. Por ende, los principales conflictos residen en el limitado poder de negociación de los productores lácteos frente a los procesadores de leche, que en algunos casos tienen cadenas integradas como Sancor o La Serenísima. Además de ello, existen problemas de rentabilidad derivados del déficit en la incorporación de tecnología, y por ende alta sensibilidad a la variación de precios. A ello se agregan las dificultades de acceso al crédito de los pequeños actores, como los tamberos no propietarios y las PyMES lácteas.

En este marco, las políticas sin segmentación entre grandes y chicos (como la devaluación y las retenciones) o los subsidios sectoriales indiscriminados como el actual a la leche, y la inexistencia de acompañamiento de planificación estructural para resolver los problemas de la cadena láctea desde su primer eslabón más débil (como el apoyo tecnológico, créditos a infraestructura, financiación logística), sólo terminan favoreciendo a los eslabones más grandes.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Fuente: Revista Cash, Página 12, 13 de marzo de 2016.

Achique de personal por falta de demanda

DESPIDOS Y SUSPENSIONES MASIVOS EN PLANTAS DEL NORTE BONAERENSE Y EL CORDON INDUSTRIAL DE ROSARIO

“Por ahora se ven los costos y no los beneficios de las medidas económicas”, resumió el gobernador de Santa Fe la situación que empieza a irradiarse en el escenario industrial: el recorte de personal como respuesta a la caída de demanda.

 Por Javier Lewkowicz

El cordón industrial de la zona de Rosario y el norte de la provincia de Buenos Aires registra un deterioro de las condiciones laborales, con despidos, retiros voluntarios y suspensiones, lo que puso en estado de alerta a los gremios. Una de las situaciones más delicadas es la de la empresa química Ar Zinc, cuya planta de la localidad de Fray Luis Beltrán amenaza con cerrar dejando en la calle a 420 trabajadores.

 Las grandes siderúrgicas, Siderca y Acindar, despidieron a trabajadores de firmas contratistas controladas y aplicaron suspensiones, al tiempo que las metalúrgicas Vassalli y Bambi también echaron a contratados y prevén discontinuar la actividad. Además, se esperan despidos y suspensiones en las próximas semanas en las automotrices, especialmente en la planta de General Pacheco de Volkswagen (ver aparte), que afectará directamente a sus trabajadores y también a las firmas autopartistas. El deterioro de la rentabilidad de las firmas en los últimos años, el desplome del mercado brasileño, el tarifazo eléctrico y la apertura de importaciones, en un contexto de caída del consumo y en términos políticos más favorable para que el empresario haga su propio ajuste, son algunas de las causas que explican esta situación. Desde la UOM advierten que próximamente podrían organizar una movilización en defensa de la industria nacional.

“Por ahora sólo se ven los costos y no los beneficios de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Macri. Hay muchas empresas que se están achicando en la provincia”, dijo el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. En los últimos días hubo varias medidas de protesta, una de las más fuertes fue el paro de la CGT San Lorenzo, que cortó la ruta 11 en protesta por el cierre de Ar Zinc. La empresa tiene el monopolio del mercado local de zinc electrolítico, que también exporta, y produce además ácido sulfúrico. El argumento empresarial es que cuentan con un plantel obrero de mucha antigüedad y también tuvieron problemas con un horno que no fue reparado en mucho tiempo. Luego de que muchos empleados aceptaron la indemnización y los retiros voluntarios, fue cerrada la fábrica y 420 trabajadores quedaron en la calle. Ante esta situación, la intendenta de Fray Luis Beltrán, Liliana Canut, advirtió que no sólo el desempleo afectará la economía del municipio sino también la pérdida de 480 mil pesos mensuales de recaudación por Derecho de Registro e Inspección, que equivale a un cuarto de la masa salarial municipal. La propuesta del Gobierno es reconvertir la planta con un crédito para reparar o comprar un horno, ya sea en manos de sus actuales dueños o contratando al actual personal por medio de los Repro del Ministerio de Trabajo.

Avivadas

Ar Zinc es propiedad desde 2005 del gigante minero Glencore. La materia prima para la fabricación del zinc y del ácido sulfúrico es adquirida a Minera Aguilar, también del grupo Glencore. Con la eliminación de las retenciones mineras que aplicó el gobierno de Mauricio Macri, para la empresa es más atractivo exportar el metal en crudo que procesarlo en Rosario. “Tienen el terreno allanado. Pueden volver a poner la planta en funcionamiento con personal de menor antigüedad y beneficios sociales, o sea, con mano de obra más barata. El estado les da plata para hacer horno nuevo, tienen los Repro, sin retenciones y megadevaluación”, resumió a este diario Daniel Santillán, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Fray Luis Beltrán.

“Estamos preocupados. En su discurso inaugural de las sesiones parlamentarias, Macri no hizo una sola referencia a la política industrial. Y esto no pasa en cualquier contexto. Estamos en condiciones de asegurar que en los últimos meses y especialmente desde la asunción de Macri se perdieron entre 20 y 30 mil puestos de trabajo en el sector metalúrgico entre despidos y retiros voluntarios impulsados por las empresas. Esto resiente el mercado interno y expande el efecto negativo a toda la economía porque esos trabajadores dejan de consumir”, dijo a Página/12 Abel Furlán, titular de la UOM Campana y diputado nacional (FpV).

Acindar es otra empresa donde la situación laboral es delicada. Aplicó una suspensión total de la planta por diez días y discontinuó trabajos al interior de la planta, lo que podría repercutir en más de 200 despidos de empleados de empresas contratistas. Una de los temas que aparecen en la agenda de la empresa oligopólica de acero es la disputa política con el Gobierno para participar de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que el macrismo quiere resolver con importaciones de Brasil. Se espera que Acindar reduzca su plantilla en la fábrica de Navarro.

En Siderca, del Grupo Techint, se da una situación similar. La empresa despidió a unos 303 trabajadores de firmas contratistas (220 de la empresa Comau y 83 de Loginter) aunque por ahora rige la conciliación obligatoria en el caso de Loginter. Los trabajadores de la empresa cortaron días atrás el Puente Zárate-Brazo Largo. Siderca emplea a más de 5 mil personas entre planta permanente y tercerizados. La empresa redujo la producción a causa de la crisis global de la industria petrolera, pero además hay fuentes que aseguran que pretende dar una señal al Gobierno porque perdería el negocio de miles de toneladas de tubos sin costura para la construcción del gasoducto de Córdoba, cuyo Gobierno, con el visto bueno de Nación, pretende importar de China.

En el sector alimenticio, a pesar de la fuerte devaluación del peso y la eliminación de retenciones, también hubo despidos. La empresa Ricedal Alimentos, de la localidad de Chabás, despidió a 28 trabajadores. La conciliación obligatoria salió el martes pero la empresa no está permitiendo el ingreso de los trabajadores. “Es la tercera vez que provocan despidos masivos. En 2013 y 2014 hubo reincorporaciones. No sabemos qué van a hacer ahora”, dijo a este diario Leonel Zuliani, delegado de los trabajadores en la empresa.

Importaciones

Las importaciones empiezan a ocupar un papel importante en los problemas de empleo en la industria nacional. Junto a la caída del consumo interno, conforma un combo complicado para empresas de línea blanca como Bambi, en donde no renovaron contratos de temporada a 55 trabajadores, mientras que en Electrolux la empresa llegó por ahora a un acuerdo con el gremio para reubicar trabajadores de una línea de montaje que cerró, junto a unos cuantos retiros voluntarios. En la localidad de Firmat, la empresa Meyde, dedicada a la fabricación de accesorios para cosechadoras, anunció su cierre que afecta a 20 trabajadores, mientras que también cerró el frigorífico Frideco y la curtiembre Sadesa. Y desde hace meses la empresa Vasalli está en una situación incierta. Los problemas financieros en muchos casos datan de hace bastante, pero el contexto económico y político aceleró los planes de ajuste de parte del empresariado.

“Están viniendo de a montones cosas de afuera, planchas, licuadoras, batidoras, campanas de freno para autos, camiones, elásticos para amortiguadores, disco de freno, electrodomésticos chicos. Se paró el consumo y aumentó la energía. Esperemos que el Gobierno dé un giro porque muchas empresas, no sólo metalúrgicas y no sólo de Rosario, van a tener problemas”, explicó a este diario Antonio Donello, secretario general de la UOM-Rosario. Además del impacto sobre las pymes, también Techint mira de cerca el tema de las importaciones, porque su principal competidor en el mundo es China, que produce un 40 por ciento más barato.

Tarifazo

El tarifazo en la electricidad golpea a los trabajadores no sólo de manera directa por el aumento en las facturas sino a través de dos vías indirectas. La primera es la inflación, porque los servicios públicos más caros se transfieren a los precios finales. La segunda es el deterioro de las condiciones de trabajo en las empresas que no pueden soportar los aumentos de costos. Un ejemplo de esta situación sucede en el sector de fundiciones del cordón industrial rosarino. Las empresas venían mal pero agravaron su situación en los últimos cuatro meses. Por ahora no hay despidos, pero sí varios intentos de aplicar suspensiones por parte de las empresas Arrom y Fundiciones Martínez, una firma de 100 trabajadores en Granadero Baigorria desde donde se quejaron que la factura de luz les subió de 150 a 600 mil pesos. Las grandes empresas también se quejan por la quita de subsidios. Acindar, por ejemplo, consume una cantidad de energía eléctrica similar a la ciudad de Rosario y en el caso del gas, iguala el consumo de la ciudad de Paraná.

Fuente: Página 12, 15 de marzo de 2016.